En un reciente encuentro en Madrid, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, manifestó que Andalucía podría beneficiarse con la llegada de unos 4.850 millones de euros en recursos adicionales para el año 2027, gracias a un nuevo modelo de financiación autonómica que su ministerio ha propuesto. Montero no dudó en criticar la posibilidad de que la comunidad autónoma renunciara a esta suma, atribuyendo tal decisión al "sectarismo político" del Partido Popular, que actualmente está al frente de la Junta de Andalucía.

Durante la rueda de prensa donde dio a conocer la propuesta, Montero explicó que el nuevo modelo incrementa el porcentaje de recursos provenientes del IRPF y del IVA que se destina a las comunidades autónomas. En concreto, la cesión del IRPF pasaría del 50% al 55% y la del IVA del 50% al 56,5%. Se estima que este cambio permitiría un aumento en la financiación disponible de aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027, año en que se anticipa su puesta en marcha.

La nueva propuesta destaca a Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana como las comunidades que más verían incrementados sus recursos. En cifras, Andalucía obtendría 4.846 millones de euros adicionales, mientras que Cataluña y la Comunidad Valenciana recibirían aumentos de 4.686 millones y 3.669 millones de euros, respectivamente.

Montero destacó que, tras la presentación de esta reforma, ahora es el turno de los partidos políticos para discutir el modelo. Este deberá ser aprobado mediante una ley que reciba el apoyo de las Cortes Generales. La ministra se mostró escéptica ante la posibilidad de que el PP se opusiera a dicho modelo, aunque reconoció que en la política pueden ocurrir situaciones inesperadas.

Un punto importante que la ministra resaltó es que el 70% de los recursos generados por este sistema —lo que representa cerca de 21.000 millones de euros— benefician a comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Esto plantea el dilema para el PP de justificar por qué estas regiones no aceptarían fondos adicionales.

Montero expresó su incredulidad ante la idea de que Andalucía pudiera rechazar una inyección de 4.850 millones de euros, especialmente teniendo en cuenta las demandas históricas de la comunidad por una reforma del modelo de financiación. Recordó que en 2018, el Parlamento andaluz solicitó, con el consenso de varios grupos, un incremento de 4.000 millones de euros, y que su propuesta actual supera esa cifra.

En esta línea, la ministra cuestionó si el Gobierno del PP en Andalucía estaría actuando por "interés partidista" en lugar de considerar el beneficio social, sugiriendo que sería ilógico perjudicarse a sí mismos al rechazar iniciativas del Gobierno central. Además, hizo mención de la propuesta ya formulada el año pasado sobre la "condonación de la deuda" autonómica, que podría ejemplificar este tipo de planteamiento negativo.

Finalizando su intervención, Montero reiteró que sería difícil de justificar que un territorio no pueda acceder a los recursos que se ofrecen, subrayando la importancia de estos fondos para todos los ciudadanos y la necesidad de un debate serio sobre el futuro de la financiación autonómica.