El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó su escepticismo ante la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, señalando que no alberga altas expectativas sobre la consecución de acuerdos. Según indicó, esta reunión es vista como una convocatoria "forzada" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el cual, según su opinión, solo busca "cubrir el expediente" en lugar de abordar los temas de relevancia para las comunidades autónomas.

Moreno, en declaraciones a TVE, hizo notar la escasa información que se ha proporcionado de cara a la conferencia y destacó que el evento se lleva a cabo casi tres años después de la última cita similar. Afirmó que la presión judicial ejercida por los presidentes de las comunidades autónomas ha sido un factor determinante que ha llevado a la convocatoria de esta reunión, la cual también considera que cumple más con una formalidad que con un verdadero deseo de negociación.

A pesar de su postura crítica, el líder andaluz manifestó su deseo de tener un enfoque constructivo durante la discusión. Considera que la Conferencia de Presidentes debería ser un órgano "vivo y útil", y abogó por que se establezca de manera inmediata la fecha y el lugar de la próxima reunión, recordando que el reglamento estipula la necesidad de dos encuentros anuales. “Debatamos e intentemos llegar a puntos de encuentro”, añadió, refiriéndose a la diversidad de opiniones existentes entre las diferentes comunidades autónomas.

Cuando se le preguntó si este foro era el adecuado para discutir sobre la financiación autonómica, Moreno coincidió con el presidente asturiano, Adrián Barbón, en que las discusiones deberían llevarse a cabo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, admitió que, ante la falta de avances, las comunidades se ven forzadas a trasladar el debate a esta conferencia.

El presidente andaluz también hizo hincapié en la gravedad de la situación actual en España, refiriéndose a la negociación de una financiación singular para Cataluña que, a su juicio, atenta contra el principio de solidaridad y la igualdad entre los territorios. Según Moreno, este modelo de financiación es perjudicial para comunidades autónomas como Andalucía, que se vería afectada negativamente por un sistema que privilegia a regiones con mayores ingresos.

En respuesta a las críticas que ha recibido el frente común de las comunidades gobernadas por el PP ante la reunión, Moreno defendió que esta unión no busca ser una “mayoría de bloqueo” ni derribar al Gobierno, sino asegurar el respeto a los principios de igualdad y solidaridad que deberían regir las relaciones entre las comunidades autónomas.

Cuestionado acerca de cómo puede un gobierno autodenominarse progresista si atenta contra los principios de solidaridad, Moreno mencionó que el reparto de impuestos, como en el caso del impuesto a la banca, está favoreciendo a los territorios más ricos en detrimento de los menos favorecidos. A su juicio, se están quebrantando principios fundamentales que deberían guiar el desarrollo equilibrado de España, y apeló a la necesidad de que las comunidades defiendan esos valores constitucionales.

En el ámbito de la vivienda, el presidente andaluz reiteró su postura de que el "intervencionismo" por parte del Gobierno no está generando resultados positivos ante una elevada demanda y una oferta restringida, situación que se ve agravada por la falta de capacidad adquisitiva de los jóvenes. Como soluciones, propuso eliminar cargas fiscales, como la supresión del IVA para la compra de la primera vivienda, agilizar trámites administrativos y poner a disposición terrenos poco utilizados.

Moreno también criticó la creación de nuevas empresas públicas de vivienda, asegurando que ya existen numerosas entidades que están en condiciones de operar. Lo que se requiere, según él, es una mejor coordinación y planificación entre las distintas administraciones para hacer frente a la escasez de suelo a precios accesibles. Insistió en la importancia de ofrecer seguridad jurídica a las clases medias, quienes han hecho planes de inversión comprando propiedades para alquilar.

Finalmente, concluyó que la ley estatal de Vivienda no ha logrado sus objetivos, resaltando que ha conducido al encarecimiento de los precios y ha restringido aún más el acceso a la vivienda. Por ello, manifestó que es imperativo realizar cambios en las políticas que no están funcionando.