El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha emitido un nuevo auto en el que determina que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, y el exdirectivo de la mediadora Vitalia, Antonio Albarracín, continúen como inculpados en un procedimiento abreviado relacionado con el macrocaso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos. Este caso se refiere a las ayudas por más de un millón de euros otorgadas a la empresa cordobesa Graficromo y a la sociedad Taller de Libros.

En un auto fechado el 3 de junio, el juez instructor José Ignacio Vilaplana señala presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental en relación con estos dos investigados.

Por otro lado, el magistrado ordena el sobreseimiento provisional de la causa para otros tres investigados: el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Pérez Ramírez, y los exconsultores de Vitalia, Jesús Bordallo y Francisco José G.G., al no encontrar indicios sólidos que los incriminen penalmente en los hechos.

En cuanto al exdelegado de Empleo de la Junta en Córdoba, el juez explica que, si bien pudo haber puesto en contacto a los trabajadores de Graficromo con el director general de Trabajo para obtener ayudas, no existen pruebas suficientes de que haya intervenido de manera relevante en la decisión de otorgar las ayudas y en la salida de dinero del erario público de manera irregular.

El juez también indica que no es posible continuar la causa contra otros exaltos cargos de la Junta que ya fueron juzgados y condenados en el procedimiento específico relacionado con los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias.

Respecto a Daniel Alberto Rivera, el juez destaca que existen indicios sólidos de que durante su mandato como director general de Trabajo se concedieron pagos de manera injusta y arbitraria en relación con las ayudas en cuestión, lo que lo mantiene como acusado en este caso.

El juez afirma que Rivera habría ordenado los pagos de las ayudas fraudulentas con la colaboración de los responsables de la agencia IDEA, a pesar de conocer la ilegalidad del proceso de concesión de las ayudas y la falta de justificación de su carácter excepcional. Estas acciones habrían sido realizadas sin seguir los procedimientos legalmente establecidos.