Organizaciones agrarias piden continuidad en las políticas de la Junta de Andalucía

Las principales organizaciones agrarias andaluzas, Asaja, COAG y UPA, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, han reclamado formalmente la continuidad de las políticas implementadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en un contexto de cambio político en la Junta. La petición responde a la necesidad de mantener la estabilidad en un sector que representa uno de los pilares económicos y sociales de Andalucía, con un peso destacado en el valor añadido bruto, el empleo y la vertebración del medio rural.

El actual equipo de la Consejería, liderado por Ramón Fernández-Pacheco, ha sido reconocido por su eficacia en la coordinación con el sector a través de la Mesa de Interlocución Agraria. La colaboración ha permitido formular posiciones comunes tanto a nivel nacional como europeo en temas estratégicos, como la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC) y el Marco Financiero Plurianual, cuya configuración afectará profundamente a la región.

El sector agroalimentario andaluz se enfrenta a múltiples desafíos: la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la digitalización, la gestión del agua ante el cambio climático y la lucha contra la competencia desleal. La continuidad en la gestión política se considera clave para afrontar estos retos con la experiencia y los mecanismos ya establecidos.

Desde las organizaciones señalan que garantizar la estabilidad en los equipos de decisión permitirá mantener los cauces de diálogo y la coordinación en temas regulatorios y de financiación, esenciales para la competitividad del sector. La falta de continuidad podría poner en riesgo avances logrados en los últimos años en la defensa de los intereses de Andalucía a nivel europeo y nacional.

En un escenario más amplio, la región mantiene su papel como principal productora agrícola de la Unión Europea. La futura etapa política será decisiva para definir la estrategia del sector en un contexto de cambios legislativos y económicos que exigirán una gestión estable y coordinada. La apuesta por mantener los equipos y las políticas existentes refleja la importancia de un sector clave para la economía y el desarrollo rural de Andalucía.

El horizonte próximo enfrenta incertidumbres, pero también oportunidades para consolidar una agricultura competitiva y sostenible. La continuidad en las políticas y en el diálogo con las administraciones será esencial para seguir defendiendo los intereses de Andalucía en un escenario europeo en transformación.