La condena de un hombre por exhibicionismo de material pornográfico a menores ha sido suspendida, siempre que cumpla ciertas condiciones, que incluyen la realización de 292 días de trabajos comunitarios y la asistencia a cursos de educación sexual.

SEVILLA, 9 de enero.

Recientemente, la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado sentencia contra un individuo que fue hallado culpable de dos delitos continuados de exhibicionismo de material pornográfico dirigido a niños. Este hombre obligó a sus propios hijos, que tenían solo nueve y seis años, a ver video clips de contenido sexual en su teléfono móvil y a simular las escenas que visualizaban.

La sentencia, emitida el pasado 18 de septiembre y publicada por Europa Press, expone que la Sección Primera de la Audiencia consideró como hechos probados lo declarado por el propio acusado, gracias a un acuerdo al que llegaron su defensa, la Fiscalía y la acusación privada. Según el fallo, el condenado, un ciudadano español sin antecedentes penales y mayor de edad, había estado en una relación con una mujer, con quien tuvo dos hijos menores, y todos coexistieron en una vivienda en la provincia durante el periodo en cuestión, que abarca de 2018 a julio de 2020.

El tribunal apuntó que, en diversas ocasiones y según el relato de los hechos validado por el acusado, cuando la madre de los niños estaba descansando o incluso cuando se hallaba ausente, este hombre les forzó a ver contenido pornográfico. Además de obligarles a actuar lo que visualizaban, el acusado buscaba así satisfacer su instinto libidinoso y atentar contra la inocencia de los menores, lo que se repitió al menos en tres oportunidades.

El veredicto también indica que, en el mismo contexto, el padre se comportó de manera inapropiada con su hija, sometiéndola a tocamientos en sus genitales a través de la ropa en varias ocasiones. Fue la madre de los niños, pareja del condenado, quien finalmente decidió presentar la denuncia. Ante esta situación, el acusado ha asumido la responsabilidad civil y consignado la cantidad de 15.000 euros.

El tribunal ha impuesto al acusado una pena de cuatro años de prisión, acompañada de la retirada de la patria potestad por un periodo de seis años, una prohibición de acercarse y comunicarse con sus hijos durante doce años, y un periodo de libertad vigilada de ocho años posterior a su posible estancia penitenciaria.

Aunque la sentencia incluye una condena de prisión, esta ha sido suspendida con la condición de que el individuo no cometa delitos en un plazo de tres años, y cumpla tanto los trabajos comunitarios como los cursos educativos sobre sexualidad.