SEVILLA, 2 Mar.

La Audiencia de Sevilla ha emitido una sentencia condenando a un matrimonio que utilizaba su domicilio en Alcalá de Guadaíra para la venta de drogas como cannabis, cocaína y heroína. Además, se les incautó una pistola de señales junto con 54 cartuchos.

Según la sentencia emitida el 27 de noviembre y recogida por Europa Press, se ha declarado probado que el principal acusado, José Manuel S.H., con antecedentes penales no computables para reincidencia, se dedicaba a la venta de sustancias nocivas para la salud desde su domicilio en la calle Tonelero de Alcalá de Guadaíra.

Los agentes de la Policía Nacional montaron un dispositivo de vigilancia en la vivienda debido a denuncias de los vecinos. Durante el período del 5 de enero de 2022 al 14 de enero de 2022, observaron un constante flujo de personas entrando y saliendo de la vivienda. Once de ellas fueron interceptadas y se les encontraron drogas en su posesión, adquiridas en la mencionada vivienda.

El 20 de enero de 2022, la Policía Nacional llevó a cabo un registro en el domicilio tras obtener la autorización correspondiente, incautando pequeñas cantidades de sustancias como resina de cannabis y heroína, utensilios con restos de cocaína y una pastilla de esta última sustancia.

Durante el registro, se encontró una caja fuerte que contenía una pistola Walther P22 de señales, junto con 54 cartuchos de diferentes características. La sentencia condenatoria reconoce que José Manuel S.H. actuaba impulsado por su adicción a las drogas, mientras que su esposa, Noelia D.N., alertaba a su marido de la presencia policial y ocultaba droga esporádicamente.

Tanto José Manuel S.H. como su esposa han reconocido los hechos y han sido condenados en consecuencia. Él recibió una pena de dos años de cárcel por un delito contra la salud pública, con atenuante de drogadicción, y una multa de 4.975 euros. Por su parte, su esposa fue condenada a un año y medio de prisión como cómplice del mismo delito, con una multa de la misma cuantía.

La esposa tuvo su pena de cárcel suspendida, siempre y cuando no vuelva a delinquir en un plazo de tres años. En el caso de José Manuel S.H., se le denegó la suspensión de la pena debido a sus numerosos antecedentes penales, aunque se le otorgó un plazo para demostrar su sometimiento a tratamiento contra las drogas.

Inicialmente, antes del acuerdo entre las partes, la Fiscalía solicitaba diez años de cárcel para cada uno de los acusados, por varios delitos relacionados con la venta de drogas y la tenencia de un arma prohibida.