SEVILLA, 28 de noviembre. En una reciente sesión del Parlamento andaluz, se ha manifestado una notable oposición por parte del Partido Popular Andaluz (PP-A) contra el principio de "ordinalidad" en el nuevo modelo de financiación autonómica. Este pronunciamiento, respaldado por la mayoría del PP-A, aboga por que el Gobierno de la Junta solicite las competencias de transporte de cercanías, así como la financiación adecuada para gestionarlas. Este planteamiento forma parte de una propuesta presentada por el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, que ha contado con el apoyo del PP-A, el PSOE-A y Por Andalucía, mientras que Vox ha mostrado su desacuerdo.

Durante el Pleno, se llevó a cabo una votación sobre las resoluciones planteadas en el debate del estado de la Comunidad, donde se aprobaron un total de 44 de las 167 propuestas sometidas a consideración. Cada grupo parlamentario ha presentado un número diferente de propuestas, con 35 procedentes del PP-A y 27 del grupo Por Andalucía, mientras que el Grupo Socialista no logró que ninguna de sus propuestas fuera aprobada.

El PP-A ha conseguido ratificar todas sus iniciativas en esta jornada, incluidas aquellas que instan al Gobierno andaluz a continuar abogando por la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, tal como fue acordado en 2018. A través de estas resoluciones, se demanda la creación de un nuevo modelo de reparto de fondos que garantice equidad y justicia entre las comunidades autónomas, así como la implementación de un Fondo Transitorio de Nivelación hasta la llegada del nuevo sistema.

El Parlamento ha subrayado su rechazo a la ordinalidad, argumentando que esta práctica perpetúa desigualdades en la financiación de servicios esenciales, cuestionando así su alineación con los valores de racionalidad y equidad que establece la Constitución.

Por su parte, el PSOE-A también abordó la financiación autonómica en sus intervenciones, solicitando que la Junta se reuniera con el Gobierno de España para discutir un nuevo sistema de financiación que fortaleciera la solidaridad territorial y asegurara el acceso de los andaluces a servicios públicos de calidad. Sin embargo, todas sus propuestas fueron desestimadas por el PP-A.

En su intento por aliviar la deuda de Andalucía, que se sitúa entre las más altas del país, los socialistas pidieron la aceptación inmediata de las condiciones de alivio de deuda ofrecidas por el Estado, que permitirían reducir drásticamente la carga financiera de la comunidad. Además, el PSOE-A abogó por una revisión de las políticas fiscales vigentes en Andalucía, especialmente en relación con los impuestos sobre el patrimonio y sucesiones, buscando una mayor progresividad en la fiscalidad.

En otro orden, se votó a favor de una propuesta de Adelante Andalucía que instaba a la Junta a solicitar competencias en el transporte de cercanías y la financiación correspondiente, a fin de implementar un plan de interconexión ferroviaria para grandes poblaciones. Esta propuesta recibió el apoyo de todos los grupos, excepto Vox, que se opuso.

Sin embargo, varias iniciativas de Vox fueron rechazadas, incluyendo un llamamiento a intensificar la lucha contra la corrupción que afecta a la Junta. En particular, se hizo referencia a recientes escándalos involucrando a miembros de la Diputación de Almería, vinculados al PP. Además, Vox solicitó que se condenaran presuntos casos de corrupción que involucran al PSOE, como el conocido 'caso Parcela'.

Finalmente, Vox también propuso eliminar la promoción de efemérides y figuras que consideren no representativas de la tradición andaluza, así como derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Estas propuestas también fueron rechazadas por los demás grupos parlamentarios.