Por Andalucía denuncia la falta de medidas contra la violencia de género en el pacto PP-Vox

En un momento de alta sensibilidad social por la escalada de casos de violencia de género en Andalucía, el grupo político Por Andalucía ha criticado duramente el pacto de gobierno firmado entre el PP-A y Vox por no incluir ninguna medida específica para abordar esta problemática. La denuncia llega en medio de un aumento de víctimas y una percepción de inacción institucional en la materia.

El diputado Rafael Sánchez Rufo señaló que la alianza política entre ambos partidos prioriza asuntos como la caza y la tauromaquia, dejando de lado la protección a las mujeres víctimas de violencia machista. La ausencia de acciones concretas en el acuerdo refleja un escenario político en el que la agenda de Vox, con sus posicionamientos conservadores y en ocasiones negacionistas, influye en decisiones de Gobierno en la comunidad autónoma.

Este contexto revela una tensión política que afecta la respuesta institucional ante una problemática que, según datos oficiales, ha visto un incremento en los casos de violencia de género en Andalucía en los últimos meses. La crítica de Por Andalucía plantea una preocupación por la desatención de políticas públicas específicas para las víctimas y por la posible instrumentalización de la agenda política en detrimento de los derechos de las mujeres.

Desde una perspectiva política, la denuncia evidencia el impacto de la coalición entre el PP y Vox en la agenda social y en la gestión de temas cruciales como la violencia de género. La elección de incluir medidas en temas como la caza y la tauromaquia, en detrimento de acciones para frenar la violencia machista, genera un debate sobre las prioridades del Ejecutivo andaluz y el compromiso con los derechos humanos.

En el contexto actual, la oposición y organizaciones sociales advierten que esta estrategia puede profundizar en la desprotección de las víctimas, además de consolidar un discurso que minimiza el problema. La tendencia de alianzas políticas en Andalucía refleja un escenario en el que la protección social puede quedar relegada frente a intereses ideológicos o electorales.

De cara al futuro, expertos y activistas llaman a una mayor implicación de la sociedad civil y a la presión política para que las políticas públicas incluyan medidas efectivas contra la violencia machista. La comunidad autónoma, que ha tenido avances en la legislación contra la violencia de género en años anteriores, enfrenta ahora el desafío de mantener su compromiso y activar recursos en un contexto de creciente polarización política.