Posible versión: Posible fraude de UGT-A: Primera sesión del juicio pospuesta para enero

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Posible fraude de UGT-A: Primera sesión del juicio pospuesta para enero

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha decidido suspender la sesión prevista para el jueves de esta semana en la que se abordarían las cuestiones previas del juicio contra Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de UGT-A, y otros cuatro ex responsables sindicales. Se les acusa de un presunto delito de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, en relación con la emisión de facturas falsas que habrían defraudado más de 40 millones de euros en subvenciones públicas.

En un auto emitido el 4 de abril, la Audiencia de Sevilla había establecido el jueves 14 de diciembre de 2023 para la sesión de cuestiones previas, y el 15 de enero de 2024 como fecha de inicio del juicio. Sin embargo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han informado de que la sesión del 14 de diciembre ha sido suspendida debido a problemas de salud de algunos de los implicados. El juicio comenzará finalmente el 15 de enero del próximo año.

Los investigados en este caso son Francisco Fernández Sevilla, ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato, el ex secretario general de Administración de UGT-A, la ex secretaria de Gestión Económica, la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

El juez instructor del caso, Juan José Vélez, decidió anteriormente cerrar el caso contra el ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana, debido a su "situación de incapacidad sobrevenida", así como contra otras siete personas.

En marzo de 2020, antes de que se declarara el estado de alarma por la pandemia, el juez Vélez ordenó la apertura del juicio oral contra los 15 investigados, después de recibir los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares de la Junta de Andalucía y el PP-A.

En su auto de apertura de juicio oral, el juez señaló que entre 2009 y 2013, los responsables de UGT-A y ciertos proveedores habrían llevado a cabo un "procedimiento concertado" para desviar fondos destinados a formación hacia otros fines. Según el juez, el montante total defraudado asciende a más de 40 millones de euros.

El juez también destacó la responsabilidad civil subsidiaria de UGT Andalucía y las empresas proveedoras del sindicato. Impuso una fianza conjunta y solidaria de 40 millones de euros a Fernández Sevilla y a los demás ex responsables de UGT-A. Además, impuso fianzas individuales a los demás investigados, que van desde los 638 euros hasta más de un millón de euros. También requirió a UGT-A y a las empresas proveedoras que prestaran las fianzas en caso de que los acusados no lo hicieran.

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