El Partido Popular Andaluz (PP-A) ha presentado recientemente una proposición no de ley que será debatida en el próximo Pleno del Parlamento, en la cual se solicita al Gobierno central que ponga fin a la "discriminación" que según ellos sufre Andalucía en lo que respecta a los fondos destinados a investigación. La propuesta establece la necesidad de establecer un marco de financiación estatal "equitativo y justo" en el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, con el objetivo de apoyar de manera integral el desarrollo de políticas en esta área.

Dentro de esta iniciativa, el PP-A hace hincapié en que el Gobierno de España debe garantizar una asignación de fondos para proyectos de investigación en Andalucía que sea "proporcional y justa" en comparación con las entregas realizadas a otras comunidades autónomas. Argumentan que esto permitirá que el sistema de investigación andaluz posea los recursos necesarios para competir en igualdad de condiciones con otras regiones del país.

El partido ha afirmado que el Ejecutivo central ha prometido recientemente la transferencia de un mínimo de 150 millones de euros anuales para proyectos de investigación en Cataluña, cumpliendo con sus compromisos de investidura. Por tal motivo, el PP-A considera crucial que Andalucía reciba el "mismo trato" y que se le asigne una cantidad proporcional de recursos para garantizar el crecimiento y desarrollo de su sistema de I+D.

Según la argumentación del PP-A, lograr un equilibrio en la distribución de recursos es fundamental para que Andalucía pueda competir efectivamente y promover investigaciones que beneficien no solo a la comunidad andaluza, sino también al conjunto de España.

Además, el PP-A exige a la Junta de Andalucía la aprobación de la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (Activa) en el año 2025, con el propósito de dotar al sistema de I+D+i andaluz de un marco normativo que promueva no solo una investigación de alta calidad, sino también una adecuada transferencia de conocimiento, que mejore las condiciones laborales de los trabajadores del sector y garantice infraestructuras científicas de primer nivel.

Por último, se pide al Gobierno andaluz que incentive la creación de programas de colaboración entre universidades, empresas y centros de investigación. Este enfoque busca fortalecer la transferencia de conocimiento y tecnología hacia el sector productivo, fomentando así una conexión más efectiva entre el ámbito académico y el empresarial en Andalucía.