SEVILLA, 28 de noviembre.

En el marco de una acalorada sesión de control al Gobierno andaluz celebrada en el Pleno del Parlamento, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien además es portavoz del Gobierno andaluz por el Partido Popular (PP-A), mantuvo un intenso cruce de acusaciones con diputados del Grupo Socialista. Los reproches giraron en torno a los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) gestionados durante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, resurgiendo viejas tensiones entre ambos partidos.

Los diputados socialistas Josele Aguilar y María Márquez cuestionaron a la consejera sobre la gestión de los contratos de emergencia suscritos por el SAS, acusando a la Junta de Andalucía de ignorar las directrices para cesar estos procedimientos emitidas por el entonces director general de Contratación de la Consejería de Hacienda en junio de 2021. “Han continuado con esta práctica hasta el año 2024, a pesar de advertencias expresas en 19 informes de la Intervención de la Junta”, argumentó Aguilar, recalcando que un informe definitivo establece que desde el 9 de mayo de 2021 no es admisible continuar con la contratación de emergencia.

Durante su intervención, Aguilar denunció que el Gobierno de Juanma Moreno ha instaurado un sistema “ilegal e irregular” que, en su opinión, desvía millones de euros de la sanidad pública hacia el sector privado. Según su acusación, la Junta gestionaba estos recursos “a dedo”, sin publicidad ni concurrencia, beneficiando a determinadas entidades sin el control adecuado que debería existir en tales circunstancias.

Aguilar también se refirió a la supresión de controles previos por parte de la Junta, afirmando que esta medida se adoptó en octubre de 2020 para facilitar la falta de transparencia y el desvío de fondos públicos. A su juicio, la continuidad de estos contratos hasta el año 2024 es un grave problema que debe abordarse desde las instancias judiciales. Subrayó que lo que se está dirimiendo en los juzgados no se reduce a una cuestión política, como insinúa la consejera, sino que se trata de una posible corrupción política en la que el Gobierno del PP-A estaría involucrado.

La consejera España defendió energéticamente la gestión de su gabinete, manifestando que “la Intervención General es un órgano independiente con plena autonomía funcional”, dotado de divisiones encargadas de auditar los gastos sanitarios. Aseguró que los informes sobre los contratos de emergencia fueron generados por la Intervención Central del SAS, cuya responsabilidad es aplicar las recomendaciones emanadas de esos informes, destacando que hasta el momento no se ha elevado ninguna queja formal al Consejo de Gobierno por la omisión de estas recomendaciones.

España continuó explicando que en el caso de desobediencia por parte del órgano gestor, el interventor correspondiente tiene la facultad de comunicarlo a la Intervención General, lo que podría derivar en un informe de disconformidad que debería someterse al Consejo de Gobierno. Sin embargo, reafirmó que hasta la fecha no se han presentado tales casos, aclarándose que “las recomendaciones están siendo atendidas”.

La consejera se permitió además criticar al PSOE, alegando que el actual Gobierno del PP-A jamás se propondría ocultar informes sobre la gestión, a diferencia de lo que, según ella, ocurrió en la etapa socialista. Recordó un caso de 2009 en el que un informe crucial relacionado con el Hospital de Poniente no fue elevado al consejo correspondiente, desafío a los socialistas poniendo en duda su compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública.

El intercambio verbal no cesó ahí; la parlamentaria socialista María Márquez planteó preguntas incisivas a España, cuestionando la veracidad de sus afirmaciones previas sobre el archivo de denuncias del PSOE. Interpeló a la consejera acerca de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla sobre contratos de emergencia, subrayando que también tres altos cargos del PP vinculados a la Consejería de Salud están bajo investigación, lo que añade seriedad a las acusaciones de mala gestión.

Márquez no escatimó en reproches, sugiriendo que la declaración del Gobierno andaluz sobre el uso de contratos de emergencia para “salvar vidas” es una falacia. Instó a la consejera a ser honesta y a enfrentarse a las explicaciones que, según ella, deberá proporcionar en los juzgados para justificar las decisiones tomadas.

Ante tanto cuestionamiento, Carolina España reafirmó que los contratos de emergencia concluyeron en mayo de 2023, afirmando que todos ellos están respaldados por informes jurídicos previos. Sostuvo que el objetivo de estas contrataciones fue, y sigue siendo, la protección de la salud pública en un momento de crisis. También señaló que donde la gestión del PSOE falló en su mandato fue en no fortalecer los controles que eviten la corrupción, como quedó evidenciado en otros escándalos del pasado.

La consejera cerró con una dura afirmación, resaltando las diferencias fundamentales en el enfoque de ambos partidos: “Nosotros incrementamos los controles, ustedes idearon procedimientos para eludirlos”. Esta confrontación no solo pone de manifiesto las tensiones políticas existentes en Andalucía, sino que también plantea cuestiones de fondo sobre la transparencia y la integridad en la gestión de fondos públicos en tiempos de crisis.