El próximo miércoles, 3 de diciembre, el Grupo Socialista tiene planeado presentar ante el Parlamento andaluz una moción centrada en la salud mental en la región. Según señalan, la iniciativa busca categorizar la situación actual de la salud mental en Andalucía como una "emergencia" que requiere acciones rápidas y decisivas por parte de la Junta. Proponen un "Plan de Choque" que asegura una inversión de 150 millones de euros, a ser incluidos en el presupuesto para el año 2026.

De acuerdo con las primeras propuestas de esta moción, que ya cuenta con 28 puntos, el PSOE-A urge al Gobierno andaluz a fortalecer de inmediato los recursos dedicados a la salud mental. Esto incluye la solicitud de un aumento en las plantillas de profesionales, como psiquiatras y psicólogos, para mejorar las ratios en comparación con otras comunidades autónomas en los próximos dos años.

Esta acción política surge tras una intervención anterior de la diputada socialista María Ángeles Prieto, quien destacó la necesidad de abordar la fuga de talentos dentro del sistema de salud pública. El PSOE-A menciona que las deficientes condiciones laborales están provocando que muchos profesionales busquen oportunidades en otras regiones o en el ámbito privado.

Además, en su moción, el Grupo Socialista insta a la Junta a garantizar la cobertura de permisos laborales para el personal encargado de la atención en salud mental, con el objetivo de asegurar una continuidad en la atención y evitar la sobrecarga de trabajo.

Otro aspecto que el PSOE-A considera crucial es la obligación de la Junta de hacer públicos los informes relacionados con el Programa de Prevención de la Conducta Suicida desde el inicio de 2023. También exigen el lanzamiento de medidas pendientes y la implementación del Código Suicidio en un plazo máximo de dos meses, además de una asignación presupuestaria de 12 millones de euros para fortalecer los recursos en este ámbito para 2026.

El grupo socialista también plantea que el Parlamento presione a la Junta para que cumpla los acuerdos establecidos en el Pacto de Mejora de la Atención Primaria, que incluye la contratación de 411 enfermeras escolares y otros 400 profesionales en el año 2026, con el fin de reducir las altas ratios actuales de enfermeras por centro educativo.

En un esfuerzo por mejorar la atención mental en jóvenes, el PSOE-A solicita un aumento del 30% en los profesionales de las Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI), para garantizar un seguimiento constante y una atención adecuada a nuevos perfiles de pacientes. Proponen también la implementación de programas de acompañamiento terapéutico en estas unidades, solicitando una inversión adicional de dos millones de euros.

Entre otras demandas, la moción incluye la necesidad de reducir los tiempos de espera en atención primaria, fijando un máximo de 15 días para las primeras consultas en psiquiatría y psicología. Asimismo, se plantea la creación de nuevas Unidades de Rehabilitación de Salud Mental y comunidades terapéuticas públicas en los próximos años.

El PSOE-A insiste en la urgencia de expandir las plantillas y camas en hospitales de día, así como incrementar la financiación a la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, solicitando tres millones de euros adicionales para 2026.

De igual manera, se demanda a la Junta que desarrolle programas permanentes para las poblaciones vulnerables, incluyendo a menores víctimas de violencia y personas en situación de exclusión social. También se exige asegurar atención psicológica pública a las familias de pacientes oncológicos, priorizando a las mujeres que padecen cáncer.

La moción también incluye la creación de programas de atención psicológica para el personal del Servicio Andaluz de Salud, así como financiación dedicada a la investigación en salud mental y campañas de concienciación para erradicar el estigma asociado a estos trastornos.

Por último, el Grupo Socialista hace un llamado a la Junta para que implemente un plan de humanización en las unidades de hospitalización y que establezca un protocolo específico para la atención de mujeres con problemas de salud mental víctimas de violencia de género. También se reclama mayor transparencia sobre las plazas disponibles en centros de salud mental y un aumento significativo del apoyo económico a las asociaciones del ámbito social para el año 2026.