El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha anunciado su intención de solicitar la creación de una comisión de investigación para examinar todos los contratos de emergencia otorgados en el ámbito sanitario por el Gobierno de Juanma Moreno desde 2020 hasta 2024. Esta decisión surge tras la admisión a trámite de una denuncia por presunta prevaricación y malversación de más de 300 millones de euros en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud durante la pandemia de Covid-19, según ha señalado el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, en una rueda de prensa en Sevilla.

Josele Aguilar ha desafiado al presidente de la Junta, afirmando que si realmente no hay nada ilegal en los contratos, Moreno no debería tener problema en permitir que se realice una investigación transparente en el Parlamento. En caso contrario, el portavoz socialista ha acusado a Moreno de intentar ocultar una presunta mala gestión que perjudica a la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada.

El PSOE-A ha criticado la falta de explicaciones por parte de Moreno sobre estos contratos, subrayando que llevan más de un año denunciando su utilización irregular. Además, Aguilar ha cuestionado la decisión de otorgar contratos sin cobertura legal, sin razón de urgencia y sin transparencia, al tiempo que se despedía a miles de sanitarios y las listas de espera seguían creciendo en Andalucía.

El representante socialista ha recordado que tanto la Intervención de la Junta como la Cámara de Cuentas de Andalucía habían emitido informes desfavorables sobre estos contratos y que la Consejería de Hacienda advirtió en 2021 sobre su falta de cobertura legal. A pesar de estas advertencias, Moreno continuó utilizando los contratos de emergencia, incluso en los años posteriores al 2021.

Según el PSOE-A, la eliminación de controles previos por parte de la Intervención y la sustitución por un sistema de control financiero permanente evidencian la intención del Gobierno de Moreno de otorgar contratos a dedo y sin control. El portavoz socialista ha exigido conocer los beneficiarios de estos contratos, así como las posibles relaciones entre las empresas beneficiarias y la Junta de Andalucía, entre otras cuestiones.

En definitiva, el PSOE-A ha puesto de manifiesto su determinación de seguir investigando estos contratos de emergencia para esclarecer quiénes se beneficiaron de ellos, qué vínculos existen con el Gobierno andaluz y si hubo irregularidades en su adjudicación. La transparencia y la claridad en este asunto son fundamentales para garantizar la integridad en el proceso de contratación en el ámbito sanitario andaluz.