En Sevilla, el 17 de diciembre, el coordinador de la Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Márquez, ha realizado una fuerte exigencia al presidente de la Junta, Juanma Moreno, del Partido Popular Andaluz (PP-A). En una conferencia de prensa convocada para abordar la situación actual de la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Márquez ha solicitado el "cese" inmediato de la actual directora gerente del SAS, Valle García, a quien ha señalado como responsable de una gestión "desastrosa" y ha mencionado, además, un "escándalo" relacionado con las contrataciones de emergencia que han sido objeto de denuncia por parte de los diputados socialistas ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

Durante su intervención, el diputado del PSOE-A enfatizó que el año 2024 "no puede concluir bajo ninguna circunstancia" sin que se produzca el cese de García, acusándola de ser "parte" del entramado del mencionado escándalo. Según sus palabras, este periodo será recordado como el año en que el Gobierno andaluz del PP permitió que el Parlamento autónomo quedara marcado por un caso de corrupción y fraude en la contratación sanitaria, que ha llevado a la imputación de tres altos cargos vinculados al SAS, entre los que se encuentran García y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

Márquez ha criticado contundentemente al presidente Moreno, acusándolo de no haber ofrecido hasta la fecha "una sola explicación" sobre este asunto ante la Cámara o ante los andaluces, al tiempo que ha lamentado que no se haya permitido la realización de una comisión de investigación sobre un tema de tal trascendencia en el Parlamento autonómico.

Asimismo, el parlamentario socialista ha señalado que la semana pasada se produjeron "dos importantes novedades" en el caso de los contratos de emergencia del SAS. Ha resaltado, en primer lugar, la "segunda" ampliación de la querella del Grupo Socialista, donde se solicita que se amplíe la investigación a los ocho directores provinciales de las plataformas de contratación, quienes continuaron realizando contrataciones de emergencia a pesar de las advertencias de la propia instrucción de la Dirección General de Contratación y de ser conocedores de que la norma que sustentaba estos procedimientos había sido derogada.

Para el PSOE-A, este fenómeno reviste una gravedad significativa, indicando que las irregularidades en la contratación de emergencia se han extendido a lo largo de toda Andalucía, afectando profundamente la integridad del sistema de contratación del SAS, el cual, según denunciaron, está "viciado" por serios problemas de gestión y legalidad.

El grupo socialista sostiene que esta "política de corrupción administrativa", que ha evidenciado un mal uso de los recursos públicos en la gestión de Moreno, no podría haberse consolidado de forma aislada, sino que requería una complicidad más amplia al interior del Gobierno andaluz. En este contexto, han notificado al Juzgado de Instrucción de Sevilla sobre la necesidad de investigar por qué el Consejo de Gobierno no actuó al tomar conocimiento formal de los contratos en cuestión.

En otro orden de asuntos, Márquez ha informado que el pasado viernes se emitió un auto significativo del juzgado, que desestimó los intentos de defensa de los directores gerentes imputados, los cuales buscaban obstaculizar la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. Según Márquez, el auto robusto permitirá acceder a documentos de trabajo y borradores de informes de la Cámara de Cuentas, vitales para la investigación de la contratación de emergencia.

El representante socialista ha interrogado por qué el Gobierno andaluz ha manifestado su resistencia a la difusión de dichos documentos, sugiriendo que la reunión entre el presidente Moreno y Manuel Alejandro Cardenete, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, se produjo en un momento especialmente sospechoso, apenas días después de conocerse el auto judicial mencionado.

El portavoz del PSOE-A aseguró que el auto judicial contradice la defensa presentada por el Gobierno, que argumentaba que las modificaciones a los contratos de emergencia eran meramente ajustes presupuestarios. En cambio, el auto indica que se trata de "actos singulares de contratación" que posiblemente carecen de habilitación legal.

Ante este panorama judicial, el PSOE-A ha instado al Gobierno andaluz a clarificar si continúa sosteniendo que la contratación de emergencia no se extendió hasta 2024 y si sigue defendiendo a Valle García, quien según el auto no solo realizó estas contrataciones en 2024, sino que también lo hizo en su anterior cargo como directora del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Rafael Márquez ha subrayado que el Gobierno del PP-A se encuentra "acorralado" por las acusaciones y la instrucción relacionada con los contratos de emergencia, y ha vinculado esta situación con la reciente publicación de un barómetro trimestral de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), que pronostica una nueva victoria del PP en las próximas elecciones autonómicas andaluzas.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, Márquez descalificó el barómetro, indicando que para el PSOE-A "tiene una credibilidad cero" y se utiliza como una herramienta de propaganda política del PP-A. Además, levantó sospechas sobre la falta de transparencia respecto a los microdatos de la encuesta y sobre la sincronización de su publicación con las tensiones internas del PSOE-A.

Finalmente, concluyó que la publicación del barómetro parece ser un intento del Gobierno de Moreno de deslegitimar las acciones de la oposición lideradas por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ya que no se siente cómodo con la dinámica de enfrentamiento político que ha surgido tras las denuncias actuales.