SEVILLA, 27 de noviembre. La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, se dirigió a los medios este miércoles con la firme esperanza de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del Partido Popular, esté presente durante el debate que se generará a partir de la comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández. Esta comparecencia está relacionada con los informes emitidos por la Intervención en torno a la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre los años 2021 y 2024.

Férriz reclamó que el presidente Moreno "se siente" en su escaño y "dé la cara", puesto que, según su criterio, no ha hecho comentario alguno hasta la fecha. La portavoz socialista enfatizó que la presencia del presidente en el debate sería una muestra de responsabilidad, recordando que lo que se cuestiona en torno a la contratación de emergencia es "la gestión" realizada por el Partido Popular desde que asumieron el poder en San Telmo, sede de la Junta de Andalucía.

Durante la rueda de prensa, Ángeles Férriz admitió que no había recibido "ninguna comunicación oficial" sobre quién asistiría en representación del Consejo de Gobierno para tratar el tema de los informes de Intervención, y se enteró por los medios de comunicación que la consejera de Salud sería la encargada de subir a la tribuna del salón de Plenos.

La portavoz socialista subrayó que su Grupo había solicitado específicamente que la consejera de Hacienda, Carolina España, compareciera en este Pleno, dado que ella es la responsable de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de las diversas intervenciones generales en las distintas consejerías. Esta solicitud se fundamenta en el "decreto de estructura" del Gobierno andaluz.

Férriz justificó la exigencia de que sea la consejera de Hacienda quien se presente, citando los 19 informes de la Intervención General que señalan que ha habido una contratación irregular. "La máxima responsable de dicho órgano tiene que dar cuentas en este Parlamento", sentenció la portavoz socialista, enfatizando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.

Asimismo, hizo hincapié en que es "inaudito" que el PSOE-A haya solicitado la comparecencia de un miembro del Gobierno, y que el propio Parlamento se niegue a que la titular de Salud, quien además actúa como portavoz del Ejecutivo andaluz, se presente al debate "sin dar más explicaciones".

La portavoz también interpeló a la dirección del Partido Popular sobre si su intención es "encapsular" las presuntas irregularidades en los contratos de la Junta referentes a la Consejería de Salud, como si intentaran establecer "un cortafuegos". Según dijo, los contratos irregulares han sido una constante en Andalucía desde que la formación popular llegó al gobierno.

Férriz no ahorró críticas hacia el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), a quien acusó de actuar como "juez y parte" en este asunto debido a su anterior papel como consejero de Salud. A su juicio, Aguirre debería "inhibirse" en las decisiones relacionadas con este tema y “dar ejemplo”, considerando que un exgerente del Servicio Andaluz de Salud durante su gestión tiene cargos en su contra.

La portavoz del PSOE-A continuó reiterando que el caso de supuestas irregularidades no es un "caso aislado" limitado a la Consejería de Salud, sino que representa el "modus operandi" de un gobierno dirigido por el señor Moreno Bonilla. Además, advirtió que, aunque por el momento las investigaciones están centradas en los contratos irregulares de Salud, el PSOE-A va a ampliar su investigación a todos los contratos irregulares que se hayan producido en el conjunto de las consejerías bajo su administración.

Finalmente, Ángeles Férriz denunció que, mientras el presidente de la Junta "articulaba y ejecutaba este modus operandi" en Andalucía, los ciudadanos han sido testigos del deterioro consciente de lo que más les vulnera: "la salud". Este deterioro, según su análisis, es el resultado de una política de contratación irregular que lastra oportunamente a empresas y otros actores locales que podrían haber competido en igualdad de condiciones por los contratos. Esta crítica forma parte de un discurso más amplio que la oposición espera llevar al Parlamento andaluz, en busca de una mayor fiscalización y transparencia en la gestión pública.