SEVILLA, 26 de noviembre. En un movimiento que refleja la dinámica interna del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la militancia andaluza ha presentado un total de 1.857 enmiendas a la ponencia del 41º Congreso Federal del partido, que tendrá lugar este fin de semana en Sevilla. Esta cifra se deriva de un proceso intensivo de discusión y aprobación llevado a cabo en las federaciones provinciales, lo cual resalta la participación activa de la base en la configuración de las políticas del partido.

Los temas más destacados entre las enmiendas son la reforma del sistema de financiación autonómica, el "blindaje" de servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación, y el impulso al municipalismo. De las 1.560 enmiendas referidas a la ponencia y las 297 a los estatutos, la mayoría proviene de la militancia andaluza, lo que sugiere una fuerte presión para que estos asuntos sean abordados de manera efectiva en el cónclave.

Desglosando las enmiendas por provincias, Sevilla lidera con 596 propuestas, seguida por Granada con 404 y Cádiz con 251. Otras provincias como Jaén, Huelva, Málaga, Almería y Córdoba también han contribuido con un número significativo de enmiendas, lo que evidencia una amplia tensión política a lo largo de la región.

En cuanto a la financiación autonómica, los socialistas andaluces reivindican el acuerdo alcanzado en el Parlamento de Andalucía en 2018, demandando que el nuevo esquema garantice que todos los ciudadanos accedan al mismo nivel de servicios públicos en todas las comunidades, con la financiación suficiente para mantener dichos servicios.

El PSOE andaluz insiste en la importancia de la negociación multilateral en esta materia, clamando por un reforzamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y sugiriendo que el nuevo sistema incluya controles e incentivos que garanticen la calidad y el acceso universal a los servicios públicos.

Desde un punto de vista técnico, las enmiendas abogan por revisar el concepto de "habitante ajustado" para asegurar un cálculo más preciso del coste de los servicios públicos. También proponen implementar una cláusula de reequilibrio automático en el sistema, a fin de reducir las disparidades en la financiación por persona entre las distintas comunidades autónomas.

Además, las federaciones andaluzas han aportado una serie de consideraciones sobre el modelo territorial del país, abogando por un federalismo que reconozca la diversidad de España y promueva la igualdad y la solidaridad entre sus territorios.

Las enmiendas reflejan un debate "intenso" en las agrupaciones provinciales socialistas respecto a los servicios públicos, especialmente en lo que respecta a la inclusión de sistemas de salud, servicios sociales y de Seguridad Social en la Constitución como derechos fundamentales.

En el ámbito sanitario, la militancia andaluza plantea numerosas propuestas para incorporar la salud mental en la atención primaria, sugiriendo que se establezcan unidades específicas centradas en la prevención de trastornos mentales, suicidio y adicciones.

El PSOE-A también destaca la necesidad de modificar la normativa del IRPF, para permitir la deducción de gastos que resulten de la insuficiente respuesta del sistema sanitario público ante los problemas de salud mental, lo que subraya el compromiso del partido con esta problemática social.

En relación a la educación, las enmiendas proponen aprovechar la reciente disminución de la natalidad para reducir en un 20% la ratio de alumnado por aula en todos los niveles educativos, a la vez que abogan por reforzar la enseñanza inclusiva con la incorporación de personal especializado.

En el ámbito de los servicios sociales y la dependencia, se sugieren propuestas para garantizar recursos obligatorios para la asistencia y formación de familiares, además de establecer mecanismos legales que eviten la privatización de la atención a los dependientes y garanticen una financiación adecuada.

Las enmiendas también abordan la cuestión de la vivienda, proponiendo la inclusión en la legislación estatal del derecho subjetivo al acceso a la vivienda, con un enfoque en el incremento de la oferta de alquiler protegido y casas dotacionales. Además, se sugiere la creación de prestaciones económicas que faciliten el acceso a arrendamientos en un momento de clara escasez de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

La militancia socialistas andaluza demanda que se mantenga la calificación de vivienda protegida de forma permanente y se anulen los mecanismos de descalificación que podrían permitir su venta en el mercado libre, señalando así un deseo de conservar el patrimonio social de la vivienda.

Asimismo, se proponen políticas públicas relacionadas con el alquiler y mecanismos de mediación para evitar desahucios, así como la introducción de impuestos sobre las ganancias de capital en la venta de propiedades con la intención de frenar la especulación en el mercado inmobiliario.

Las enmiendas también incluyen estrategias para regular las viviendas turísticas, destacando la necesidad de eliminar las ilegales y limitar la expansión de alojamientos turísticos en áreas de alta demanda residencial, con el objetivo de proteger a las comunidades locales.

Por otro lado, también se abordan cuestiones fundamentales como la mayor financiación para las competencias municipales y la búsqueda de mecanismos de compensación ante cambios en los tributos que provengan de otras administraciones.

Por último, se plantea un plan estatal para la protección de la mujer en entornos digitales, y modificaciones a la Ley de Partidos para que las formaciones políticas puedan contar con canales anónimos para denunciar agresiones, además de iniciativas enfocadas en Gibraltar, que demandan una nueva relación con el Reino Unido para el desarrollo de la comarca.