El próximo 13 de noviembre, el Grupo Socialista en Andalucía llevará a cabo un debate en el Pleno del Parlamento regional para presentar una moción centrada en la lucha contra la violencia de género, la cual incluye más de 30 iniciativas específicas dirigidas al Gobierno de la Junta.

Esta moción surge tras una interpelación de la diputada socialista Olga Manzano a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en una sesión plenaria anterior. La propuesta, que se ha consultado con Europa Press, está compuesta por un total de 32 puntos que abarcan diversas áreas de atención y prevención.

Uno de los principales puntos que el PSOE-A plantea es la reactivación inmediata del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, lo que se enmarca en la necesidad de cumplir con la legislación vigente, específicamente lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 7/2018, que establece un enfoque integral para prevenir y proteger a las víctimas en Andalucía.

Además, el partido socialista solicita que el Gobierno publique en un plazo máximo de tres meses los métodos y indicadores que servirán para evaluar las políticas públicas sobre esta problemática, así como la presentación de un informe anual ante el Parlamento con respecto a la ejecución presupuestaria en este ámbito.

Otra de las enmiendas propuestas es la revisión de los criterios que regulan las subvenciones destinadas a las organizaciones de mujeres, con el fin de facilitar el acceso a financiación y fomentar un trato equitativo entre las diversas entidades. Esto debe considerarse dentro de criterios que validen su compromiso con la igualdad y los principios establecidos en la legislación andaluza relacionada.

El PSOE-A también ha instado a incrementar significativamente el presupuesto destinado a las subvenciones para organizaciones de mujeres y feministas, sugiriendo que se reserve al menos 2 millones de euros en el Presupuesto de 2026. Adicionalmente, se promoverán campañas continuas y visibles a través de Canal Sur en contra de cualquier forma de violencia de género.

Dentro de la moción, se propone que el Gobierno del Partido Popular implemente de manera efectiva un plan integral para sensibilizar y prevenir la violencia de género, que incluya la creación de un currículo obligatorio sobre educación afectivo-sexual y de igualdad desde la etapa escolar hasta la formación profesional.

Asimismo, se busca establecer una comisión técnica que contemple la revisión curricular en igualdad y coeducación, así como recuperar programas de formación para los docentes en materia de igualdad y prevención de la violencia de género.

El PSOE-A también aboga por un diseño de planes sanitarios que atiendan de forma integral a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, además de reforzar la asistencia legal y completar los equipos multidisciplinarios en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género en todas las provincias.

Otra de las demandas del grupo es que se active de manera urgente el Fondo Andaluz de Garantía de Pensiones Alimenticias, garantizando así el cobro de pensiones para los hijos de mujeres víctimas de violencia cuando el progenitor incumpla con sus responsabilidades económicas.

Además, se pide la implementación de programas laborales específicos para las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, con una asignación económica en los Presupuestos de 2026—al menos un millón de euros—con el objetivo de complementar recursos provenientes de programas del Gobierno de España relacionados con la inserción laboral.

La moción también aboga por protocolos específicos para la detección y atención ante situaciones de mutilación genital femenina y matrimonios forzados, enfatizando la necesidad de formación continua y especializada para el personal que asiste a estas mujeres.

Por último, se incluyen demandas para garantizar el funcionamiento efectivo de una ventanilla única para la atención integral de víctimas de violencia de género y establecer un régimen sancionador que actúe contra la difusión de contenido pornográfico dirigido a menores. Asimismo, se exige asegurar una financiación estable y suficiente para políticas de igualdad sin depender únicamente de fondos específicos del Pacto de Estado.