SEVILLA, 18 de noviembre. - En una reciente declaración, el PSOE de Andalucía ha dado a conocer sus planes para expandir la querella que habían presentado contra el Gobierno andaluz, relacionada con las contrataciones de emergencia realizadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la crisis sanitaria del coronavirus, así como en los períodos posteriores a la pandemia.

La formación política no solo se centra en este aspecto legal, sino que también ha llegado a un acuerdo con los grupos parlamentarios Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía para solicitar un debate general en la Cámara autonómica sobre el sistema de contratación del sector público sanitario en el periodo comprendido entre 2021 y 2024.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en Sevilla, Rafael Márquez, coordinador de Presidencia del Grupo Socialista, ofreció detalles sobre estas iniciativas, afirmando que están trabajando en la ampliación de la querella para obtener nuevas pruebas y solicitando que se haga un seguimiento adecuado de este proceso.

En el contexto del debate parlamentario, Márquez subrayó la importancia de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparezca ante el Parlamento, asegurando que "tiene que dar la cara" en un tema que inquieta a numerosos ciudadanos andaluces. Esta afirmación se produce en un escenario donde se percibe una creciente preocupación ciudadana respecto a la gestión del Gobierno regional.

El parlamentario socialistas advierte que "Moreno Bonilla terminará quemándose", y basó esta afirmación en la reciente solicitud de la Fiscalía Anticorrupción al Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga la contratación del SAS entre 2021 y 2023. Esta solicitud incluye la citación de la gerente actual del SAS y sus predecesores, además de la presentación de documentos clave como informes de entidades relevantes en la contratación pública.

Márquez destacó que las acciones legales tienen como objetivo esclarecer "el papel del Consejo de Gobierno" en estas contrataciones de emergencia, cuestionando por qué se eliminaron los controles previos a estas contrataciones en 2020. Según él, las exigencias de la Fiscalía van más allá de lo que el PSOE había solicitado originalmente.

El diputado socialista también se manifestó a favor de la diligencia de la Fiscalía Anticorrupción, enfatizando que este asunto no es meramente una cuestión política, sino que reviste una gravedad consustancial. Afirmó que se suman a la investigación, considerándolo un tema crítico que trasciende el ámbito de la crítica o el desgaste político.

Adicionalmente, Márquez hizo referencia a un nuevo informe de la Intervención del SAS sobre la gestión de contrataciones en 2022 y 2023, junto con informes desfavorables de 2020 y 2021 que, según él, han permanecido ocultos por el Gobierno andaluz. Alegó que la razón de su ocultamiento es que los informes fueron concluyentes respecto a irregularidades en el proceso de contratación, por lo que se mostró sorprendido de que el Gobierno se viera obligado a hacerlos públicos por orden judicial.

Desde la óptica del PSOE, el trabajo de la Intervención del SAS es de "enorme trascendencia", y reitera la hipótesis de que se ha negociado un sistema de contratación "irregular y en contra de la ley". Defienden que su denuncia cuenta con un sólido sustento, al tiempo que Márquez señaló que esta fiscalización tiene la finalidad clara de verificar si "lo pagado se corresponde con lo ejecutado", resaltando que faltan actas pertinentes en los expedientes analizados.

El informe de la Intervención de la Junta pone en tela de juicio los únicos argumentos jurídicos utilizados por el Gobierno andaluz para justificar estas contrataciones irregulares. Márquez insistió en que el Ejecutivo no ha modificado su manera de operar desde 2021, 2022 y 2023, sino que, alarmantemente, esta irregularidad se ha extendido hasta 2024, como lo demuestra la reciente convocatorio a declarar a la gerente del SAS.

El parlamentario preguntó retóricamente a la gerente de SAS sobre su participación en las modificaciones que podrían haber favorecido una contratación irregular, sugiriendo que existían vacíos de acción que debían aclararse ante la justicia.

El inicio de la rueda de prensa por parte de Rafael Márquez estuvo marcado por su reflexión respecto a las manifestaciones ciudadanas organizadas por las Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública en diversas capitales andaluzas, las cuales, a su juicio, evidencian un clamor colectivo para fortalecer la sanidad pública ante un supuesto proceso de privatización impulsado por el Partido Popular.

Finalmente, el parlamentario socialistas vinculó la respuesta popular con la necesidad de resolver problemas tangibles como las demoras en listas de espera, que actualmente afectan a dos millones de pacientes. Criticó la aparente paradoja de que con más recursos disponibles, la sanidad andaluza opere de forma menos eficiente que nunca y instó al Gobierno andaluz a que escuche a la ciudadanía y abandone cualquier modelo que conduzca a un deterioro de la atención sanitaria pública.