SEVILLA, 19 de noviembre.

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha expresado su profundo malestar ante el reciente proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2025, aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz. Oliva advirtió que, si se aprueba en su forma actual, este proyecto podría provocar un "incumplimiento flagrante" del modelo de financiación establecido para el sistema universitario público andaluz, así como de los acuerdos previamente firmados con universidades y sindicatos, lo que generaría una considerable frustración en el ámbito académico.

Estas declaraciones fueron realizadas por Francisco Oliva, quien también se desempeña como rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla, al concluir su intervención ante la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento andaluz. Durante su comparecencia, representó a los rectores de las universidades públicas andaluzas para expresar su posición respecto al proyecto de presupuesto de la Junta para el próximo año.

Según Oliva, si la propuesta actual prospera, las universidades se enfrentarán a una "merma de recursos" en 2025. Este proyecto de presupuesto ya ha superado la fase de debate en el Pleno del Parlamento y cuenta con el apoyo del Partido Popular de Andalucía (PP-A), que tiene la mayoría absoluta en esta legislatura. Esta situación despierta serias preocupaciones entre los rectores, quienes consideran que la calidad educativa y la función social de estas instituciones se verían perjudicadas.

El rector subrayó que, en el presupuesto actual presentado para el próximo año, se requiere una suma de 87 millones de euros para que las universidades públicas puedan cubrir sus nóminas y cumplir con el primer capítulo de sus respectivos presupuestos. No obstante, Oliva se mostró esperanzado al afirmar que "estamos a tiempo de enmendar este error", añadiendo la necesidad de actuar en consecuencia.

En este contexto, la portavoz del Grupo Socialista, Alicia Murillo, comunicó que su partido tiene la intención de presentar "una enmienda" parcial al proyecto de presupuesto, al igual que se ha hecho en años anteriores, con el objetivo de "reconducir esta situación" desfavorable.

Francisco Oliva aclaró que los 87 millones de euros mencionados serían necesarios para las universidades públicas a menos que no se implemente la subida salarial del 2% prevista, debido a "problemas" relacionados con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En tal caso, la cifra necesaria se reduciría a 55 millones de euros, un monto que se reclama para "cumplir con obligaciones legales, acuerdos establecidos por la Junta de Andalucía, y una sentencia del Tribunal Supremo".

En su intervención, el representante de los rectores mencionó la "cláusula de salvaguarda" existente en el modelo de financiación para las universidades públicas de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno el 19 de septiembre de 2023. Esta cláusula asegura que cada universidad del sistema andaluz tendrá garantizada una financiación equivalente al 100% de la recibida en el año anterior, incluyendo los incrementos relacionados con salarios y otros posibles aumentos de costos laborales.

Oliva destacó que esta cláusula es fundamental para el modelo de financiación, ya que asegura el cumplimiento del principio de suficiencia financiera estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Sin embargo, lamentó que, "desgraciadamente", estos parámetros no se están cumpliendo, lo que repercute en el funcionamiento y la sostenibilidad financiera de las universidades públicas.

El rector detalló que, en la actualidad, el cumplimiento de la cláusula de salvaguarda requeriría una asignación total de 1.813 millones de euros para el sistema universitario andaluz, mientras que la cifra que se contempla en el presupuesto de este año es de 1.726 millones, dejando una diferencia de 87 millones de euros que, según explicó, es necesaria para cumplir con los términos establecidos en dicha cláusula. Si no se aplica la subida salarial del 2% prevista, esta diferencia se reduciría a 55 millones, aseguró.

Oliva hizo hincapié en que, en términos generales, el incremento en la asignación presupuestaria para las universidades oscila entre el 2,3% y 2,4%, cuando, en realidad, se necesitaría un aumento superior al 5% para satisfacer completamente lo que establece la cláusula de salvaguarda. Esta discrepancia es especialmente preocupante dado que el aumento global de las cuentas de la Junta de Andalucía para 2025, en comparación con 2024, se sitúa en torno al 4,4%.

El rector también subrayó que las universidades públicas andaluzas tienen un impacto significativo en la economía regional, generando un 2,96% del PIB, una cifra que supera la de otras comunidades autónomas más poderosas como Madrid y Cataluña. Esto evidencia la necesidad de una mayor inversión en el sistema educativo pública.

Finalmente, aunque Oliva se centró en la urgencia de asegurar recursos para cubrir los costes laborales, también alertó sobre los recortes que se contemplan en otras áreas, como las iniciativas de igualdad de género y cooperación internacional, que también afectan a las universidades. Además, remarcó que, a pesar de tener un modelo de financiación consensuado, su efectividad se ve comprometida por la falta de cumplimiento de sus términos, situación que ya se está manifestando sin esperar la aprobación del próximo presupuesto.

Para concluir, Francisco Oliva enfatizó que las universidades están a la espera de que se liberen 16.855.000 euros correspondientes a la partida de nivelación recogida en el modelo de financiación, una situación que persiste, especialmente teniendo en cuenta que este periodo transcurre hasta 2024 y ya se aproxima a su culminación.