SEVILLA, 10 de diciembre. Los líderes académicos de las universidades públicas andaluzas han lanzado una contundente advertencia en la jornada de este martes, señalando que están dispuestos a emprender las "vías legales" necesarias para hacer valer los acuerdos suscritos con el Gobierno de Andalucía en lo que respecta a la financiación. En este contexto, solicitan la "implicación personal" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que la administración efectúe el pago de 50 millones de euros, una cifra que, según los rectores, se adeuda por el modelo de financiación "vigente" y lo que fue acordado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, junto a las organizaciones sindicales y las universidades públicas en materia de complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI) temporal y para la carrera horizontal del Personal de Gestión y Administración (PTGAS).

Los rectores han afirmado: "Nosotros pondremos todo de nuestra parte para exigir el cumplimiento de la legislación andaluza y de los acuerdos firmados, no descartando ningún tipo de acción. Ceder en esta situación sería aceptar un recorte unilateral en la financiación de las universidades públicas, que ascendería a casi 25 millones de euros anuales en conceptos de financiación estructural".

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la Fábrica de Tabacos de la Universidad de Sevilla —a la que no asistió la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)—, Francisco Oliva, rector de la Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), reveló que esa misma mañana la Consejería de Universidad había enviado a los rectores una propuesta de transferencia de 21 millones de euros, cuyos "criterios" de distribución están siendo analizados en estos momentos. No obstante, Oliva ha aclarado que, a pesar de considerarse un avance "importante", la solución ofrecida les parece "insuficiente".

El presidente de AUPA puntualizó que los 21 millones propuestos son "inadecuados", especialmente en términos cuantitativos, ya que "no cumplen con lo pactado, pues faltan más de 24 millones de euros de los casi 50 millones que se nos deben". Añadió: "Además, y esto es aún más crítico, esta transferencia no es consolidable. Es decir, no se suma de forma inmediata a la envolvente financiera del sistema universitario andaluz, lo que la convierte en ineficaz para cumplir cualquiera de los dos acuerdos pendientes".

Francisco Oliva también explicó que con ese monto podrían cubrir los complementos retributivos sólo para este año, pero no para 2025 y posteriores, ya que esa cantidad no está contemplada en los presupuestos del año venidero. "Como podrán entender, no parece razonable ni prudente abonar unos complementos que, al estar consolidados en las nóminas de los trabajadores para siempre, se financien de manera temporal: hasta diciembre de 2024", argumentó Oliva.

Aunque las universidades públicas han manifestado que "se está avanzando" y que "se comienzan a buscar y aportar soluciones", también han resaltado que lo que se les ha ofrecido está "aún muy por debajo" de lo que la Junta de Andalucía debería cumplir con respecto a sus obligaciones hacia las universidades públicas, sobre todo con el año a punto de concluir. Los rectores han expresado su "enorme preocupación" por los "graves incumplimientos" de la Junta, que "amenazan con poner en riesgo la propia sostenibilidad financiera de las instituciones académicas".

Este jueves se ha convocado la comisión de programación del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), donde las universidades públicas "esperamos y deseamos llegar a un acuerdo que haga realidad estas dos demandas, que se centran en cumplir con el modelo de financiación y honrar el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación".