SEVILLA, 4 de diciembre. En un contexto de creciente preocupación por la gestión del agua en Andalucía, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (CREA Andalucía) ha hecho un llamado urgente este miércoles para reformar el canon hídrico, vinculándolo al consumo real. Esta propuesta se presenta como una solución clave para fomentar tanto el ahorro de agua como una mayor equidad económica entre los agricultores.

En su declaración, CREA Andalucía solicita que para el canon correspondiente al año 2025 se adopte un enfoque volumétrico que, según ellos, no solo corregiría las desigualdades existentes, sino que también incentivaría un uso más eficiente del agua. Esta eficiencia es crucial para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático y para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos en la región.

Además, la asociación insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a proporcionar a las Confederaciones Hidrográficas los recursos necesarios para implementar el canon basado en el volumen de consumo. CREA ha denunciado que la falta de recursos técnicos y administrativos no puede continuar siendo una excusa para mantener un sistema que consideran injusto, que penaliza a las comunidades más eficientes y sostenibles.

En línea con esta problemática, la asociación ha celebrado la reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que apoya la necesidad de establecer el canon en función del volumen de agua realmente consumido, en vez de basarse únicamente en la superficie cultivada. Esta decisión, tan esperada por las comunidades de regantes, se considera esencial para garantizar una gestión de recursos hídricos que sea tanto equitativa como sostenible.

Según expone CREA, en su Resolución 00-2623-2021, emitida el 31 de mayo de 2023, el TEAC indica que el reparto del canon debe adherirse a principios de racionalización y equidad. La asociación argumenta que el enfoque existente, que se basa exclusivamente en la superficie cultivada, perjudica a aquellas comunidades que han realizado inversiones en modernización y eficiencia hídrica, promoviendo un modelo que desincentiva el ahorro y un consumo responsable del agua.

La situación se vuelve aún más crítica en el Sistema de Regulación General del Guadalquivir, donde según CREA, las deficiencias son notablemente evidentes. En esta región coexisten cultivos que requieren diferentes dotaciones de agua, que van desde los 1.500 m3/ha del olivar hasta los 12.000 m3/ha que demanda el arroz. Este desequilibrio genera condiciones desiguales, llevando a que comunidades que disponen de menores concesiones tengan que cargar con una mayor carga económica en comparación con aquellas que tienen derechos de concesión más altos, perpetuando así un sistema que penaliza a quienes operan con recursos más limitados.

Finalmente, la asociación hace hincapié en que la resolución del TEAC señala que el criterio actual de reparto no justifica adecuadamente el uso de la superficie cultivada y su coherencia con los principios establecidos en la Ley de Aguas. En este sentido, los regantes subrayan que es imprescindible avanzar hacia un sistema que se ajuste al consumo real de agua y que declare su disponibilidad, en concordancia con los principios de equidad y racionalización en el uso del agua.