SEVILLA 27 Nov.

Rocío Hernández, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha puesto de relieve en una intervención reciente que todos los contratos de emergencia gestionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la crisis del Covid-19 están respaldados por informes jurídicos sólidos. Esta afirmación fue presentada en una comparecencia en el Pleno del Parlamento, solicitada por los grupos políticos del PP-A, PSOE-A y Vox, quienes evaluaron los informes elaborados por la Intervención General sobre la contratación de emergencia del SAS entre 2021 y 2024.

En su exposición, Hernández enfatizó el contexto de la crisis sanitaria mundial provocada por el virus del Covid-19, recordando que el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró "una emergencia de salud pública de importancia internacional". Este evento tuvo un impacto devastador, con España considerado uno de los países más afectados, especialmente a partir de marzo de aquel año tras declararse el estado de alarma.

La titular de Salud andaluza destacó que las restricciones sanitarias no fueron completamente levantadas hasta el 4 de julio de 2023, a pesar de que casi 16.000 vidas se perdieron en Andalucía debido a la enfermedad, según los datos disponibles hasta el 30 de junio de ese año. "Durante esos momentos críticos, todas las comunidades autónomas se vieron obligadas a recurrir a la modalidad de contratación de emergencia", afirmó, subrayando que esta medida no era opcional, sino necesaria.

Hernández planteó una reflexión sobre las posibles consecuencias de no llevar a cabo estos contratos, cuestionando cuántas vidas podrían haberse perdido o cuántos pacientes hubieran quedado sin diagnóstico ni tratamiento. "El derecho a la vida de los ciudadanos supera cualquier protocolo administrativo", remarcó con vehemencia.

La consejera argumentó que la urgencia y necesidad de estas contrataciones pudieron conducir a imperfecciones administrativas, pero siempre dentro del marco legal. Afirmó que la asesoría jurídica del SAS respaldó las prórrogas de estos contratos de emergencia mediante informes emitidos el 28 de diciembre de 2021 y el 10 de agosto de 2022, señalando que se realizaron tres ampliaciones de la denominada Declaración de Emergencia Única que otorgó al SAS la autoridad para implementar este tipo de contratos.

Las fechas de las ampliaciones correspondieron a los 30 de diciembre de 2021, 30 de septiembre de 2022 y 1 de enero de 2023. Hernández precisó que, una vez controlada la pandemia y con el coronavirus considerado como una infección más en la sociedad, el uso del procedimiento de emergencia ha sido "prácticamente residual" y que no se ha recurrido a él desde el 17 de mayo de 2023.

En el ámbito de la contratación pública, Hernández mencionó que en 2020, la contratación de emergencia representó el 26,56% del total, cifra que descendió al 11,17% en 2021 y continuó disminuyendo hasta el 3,41% en 2022. En 2023, el uso de este mecanismo fue prácticamente anecdótico, representando apenas un 0,9% del total, utilizado únicamente para el tratamiento de pacientes oncológicos.

La consejera también destacó que la Cámara de Cuentas de Andalucía, otro organismo fiscalizador, había validado la política de contratación de emergencia adoptada por la Junta durante la crisis sanitaria y señaló que toda esta información está disponible en el portal de transparencia del Gobierno andaluz, accesible para cualquier ciudadano.

En su discurso final, Hernández reafirmó la legitimidad del recurso a la contratación de emergencia en la pandemia, argumentando que la "prioridad" y "obligación" de la administración era garantizar la salud de la población. "Los hechos evidencian que la utilización de este mecanismo fue justificada, ya que nos permitió atender tanto a pacientes de Covid-19 como a aquellos con otras patologías como cáncer, Alzheimer y fibrosis quística, entre otras", concluyó.

Para finalizar, Rocío Hernández reafirmó que todos los contratos de emergencia llevados a cabo por el SAS durante la crisis sanitaria están respaldados por la legalidad y que la declaración del fin de la crisis por parte del Gobierno de España se produjo el 4 de julio de 2023, un periodo posterior a la conclusión de los contratos de emergencia el 17 de mayo. "Hicimos lo que debíamos hacer, siempre siguiendo lo que establece la ley", sentenció.