SEVILLA/MADRID, 4 de noviembre.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha declarado este martes que ha solicitado formalmente a las comunidades autónomas bajo la dirección del Partido Popular que envíen, en un plazo máximo de un mes, los datos relativos a los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. García ha hecho un llamado directo a la Junta de Andalucía, instándola a dejar de lado su "soberbia" y a "asumir su responsabilidad".

Durante una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra subrayó que la solicitud que han emitido requiere la entrega inmediata de los datos sobre los indicadores del programa poblacional de cribado de cáncer. "Estos indicadores fueron acordados con todas las comunidades autónomas. Lo hacemos porque la ley debe ser respetada", afirmó García.

El documento remitido por el Ministerio de Sanidad también reitera una petición anterior del secretario de Estado de Sanidad, quien había solicitado a las comunidades el envío de los indicadores acordados en el consenso para el sistema de información del programa de cribado de cáncer dentro del Sistema Nacional de Salud.

Para aquellas comunidades que aún no disponen de todos los indicadores solicitados, el requerimiento indica que al menos deben enviar la información disponible hasta la fecha o aquellos indicadores utilizados en la evaluación de los programas autonómicos correspondientes a los cribados de cáncer.

Dicha solicitud se lleva a cabo bajo el marco del artículo 44 de la Ley 29/1998, que regula la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como un paso previo ante posibles incumplimientos en la entrega de información crucial para la vigilancia de la salud pública.

Si no se recibe la información solicitada, el siguiente paso será llevar el asunto ante los tribunales y presentar un recurso contencioso-administrativo. García resaltó que esta acción se basa en varias leyes, como la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y la Ley General de Salud Pública, todas las cuales exigen la colaboración de las administraciones para el suministro de información necesaria para la vigilancia en salud pública.

La ministra también reportó que el resto de las comunidades autónomas han enviado sus datos o están en camino de hacerlo, mostrando así su disposición para garantizar la transparencia en un programa que actualmente es cuestionado por el Gobierno de Moreno Bonilla.

Por esta razón, García insistió en que la Junta de Andalucía debe dejar de lado su soberbia y asumir sus responsabilidades: "El PP necesita abandonar este estilo de gestionar sus crisis y negligencias, que se basa en la falta de respeto hacia las víctimas", añadió, refiriéndose a recientes declaraciones de otros miembros del partido.

En sus declaraciones, la ministra enfatizó que las mamografías en España deben ser consideradas "sagradas": "La salud de las mujeres en este país es sagrada. Nuestro sistema de salud merece respeto, y ningún interés político o cálculo electoral del PP puede tomar precedencia sobre lo realmente sagrado: la sanidad pública y el bienestar de nuestras mujeres", destacó.

Finalmente, García recordó a la Comunidad de Madrid que tiene un plazo de dos semanas para enviar el registro de objetores de conciencia, tras haber enviado un nuevo requerimiento formal. “La señora Ayuso tiene dos semanas para enviar el registro de esos objetores”, concluyó, advirtiendo que, de no recibir la información, se llevarán a cabo las acciones legales necesarias.