SEVILLA, 12 de noviembre. Desde que el pasado 7 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de noviembre, que declara a toda Andalucía como 'Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil', ya se han presentado 80 solicitudes de ayudas procedentes de los municipios andaluces golpeados por la DANA que recorrió la península entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre.

La provincia que ha registrado el mayor número de solicitudes es Almería, con un total de 61, seguida de Málaga con 15 y Cádiz con cuatro, de acuerdo con la información proporcionada por la Delegación del Gobierno en Andalucía, que fue difundida este martes.

Para "agilizar los trámites", se ha decidido que a partir del miércoles 13 de noviembre, comenzarán a incorporarse los primeros empleados públicos interinos de refuerzo en las subdelegaciones del Gobierno en Andalucía, enfocándose en aquellos municipios que han sufrido el impacto de la DANA. Se prevén "nuevas incorporaciones hasta final de semana".

Una vez que estos refuerzos estén en funciones, serán los técnicos de las subdelegaciones quienes, tras realizar una primera evaluación de daños, coordinarán visitas a los municipios. En colaboración con los alcaldes y desde las dependencias locales, ofrecerán asistencia e información sobre cómo tramitar las ayudas disponibles, según han señalado fuentes del Gobierno.

Las ayudas, que fueron anunciadas en el BOE, tienen el objetivo de "mitigar los daños personales, materiales en viviendas y enseres; también en corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a personas físicas o jurídicas que hayan realizado aportes personales y de bienes, de acuerdo con las cantidades y condiciones que establece el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo (cuantías del régimen ordinario)".

Además, se establece "la posibilidad de subvencionar hasta el 50% del coste de las obras que las entidades locales deban realizar en el ámbito de la Declaración de Zona, para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios dañados".

De igual manera, se otorga la facultad a los ministerios para declarar zonas de actuación especial y para autorizar la emergencia de actuaciones para reparar daños en infraestructuras de titularidad estatal, lo cual, según el Gobierno, permitirá "una mayor celeridad en la respuesta".

El decreto también autoriza la consideración de emergencia para los contratos de reparación de infraestructuras, equipamientos o servicios, así como para las obras necesarias para restablecer bienes dañados, y establece que las valoraciones de daños deberían realizarse "de manera inmediata".

Asimismo, el Gobierno "habilita" a las administraciones y al Consorcio de Compensación de Seguros para compartir los datos personales requeridos para la gestión de ayudas. Además, busca acelerar las obras de reparación, permitiendo que los bienes afectados puedan ser expropiados de forma urgente.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes también está facultado para impulsar un Portal Registral de Emergencias, así como para coordinar pautas de actuación para el trabajo de los letrados de Administración de Justicia dentro de los órganos judiciales afectados, y reforzar los recursos de los institutos de medicina legal perjudicados.

Por otro lado, el Gobierno planea permitir que el superávit de las entidades locales, que se encuentran en el ámbito de la Declaración de Zona, pueda destinarse a financiar inversiones para reparar los daños, considerándolas como financieramente sostenibles. Se ha creado una Comisión interministerial que se encargará de planificar y desarrollar medidas urgentes para el territorio afectado por la DANA, bajo la presidencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En esta comisión también participarán los ministerios de Interior –que ocupa la Vicepresidencia–, Hacienda; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Defensa; Transportes y Movilidad Sostenible; Ciencia, Innovación y Universidades; Economía; Vivienda; Inclusión, Migraciones y Seguridad Social; Agricultura; Sanidad y Derechos Sociales.

Finalmente, Tragsatec recibirá la autorización para realizar peritaciones, valoraciones y cuantificaciones de daños a solicitud de las administraciones, mientras que Mercasa podrá llevar a cabo acciones de apoyo logístico y distribución alimentaria. Además, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) "pondrá a disposición de las autoridades competentes material de emergencias y ayuda humanitaria".