CÁDIZ, 13 de junio.

En una destacada operación denominada Medicis II, la Guardia Civil de Cádiz ha iniciado pesquisas contra seis profesionales de la salud, incluyendo directores de centros médicos, médicos y psicólogos, quienes están acusados de emitir informes falsos de aptitud psicofísica. Estos informes son cruciales para la obtención de permisos de conducir, licencias de armas, habilitaciones para vigilantes de seguridad, títulos náuticos y licencias para perros considerados potencialmente peligrosos.

La investigación ha revelado que 21 individuos contaban con licencias de armas a pesar de no cumplir con los requisitos médicos establecidos. Como resultado, estas licencias han sido anuladas, según ha comunicado la Guardia Civil en un informe oficial.

Los facultativos investigados enfrentan cargos por falsedad documental y estafa, con algunos de ellos también bajo la sospecha de intrusismo profesional y usurpación de identidad.

La operación surgió cuando la unidad de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil observó irregularidades en los informes psicofísicos presentados por los solicitantes, los cuales provenían de varios centros de reconocimiento en la provincia. Estas irregularidades llevaron a la realización de inspecciones en los centros sospechosos.

Un exhaustivo análisis de cientos de informes permitió a los agentes descubrir varias anomalías, lo que justificó una vigilancia más cercana de los centros implicados. Se demostró que se estaban emitiendo informes de aptitud sin la realización de los exámenes que la ley exige.

En ciertos casos, algunos investigados ejercían funciones profesionales sin contar con la titulación adecuada, mientras que otros simplemente avalaron exámenes que no habían supervisado. Destaca el caso de un farmacéutico jubilado, quien estuvo realizando pruebas de visión para los solicitantes.

Las declaraciones obtenidas por los investigadores mostraron que muchos clientes nunca fueron examinados por los facultativos obligados a estar presentes, y que tan solo recibieron un reconocimiento parcial, ocultando así patologías que podrían haber afectado la validez de sus informes.

La Guardia Civil ha subrayado que estas prácticas pueden generar una competencia desleal frente a otros centros que cumplen con la normativa y que enfrentan mayores costos para operar legalmente.

Este exhaustivo trabajo permitió identificar a dos centros específicos involucrados en actividades ilícitas. Por ello, se emprendió la investigación contra seis profesionales, tres de ellos en cada uno de los centros aludidos, por los delitos de falsedad documental y estafa, sumando además acusaciones de intrusismo profesional.

En total, se han examinado 12 centros de reconocimiento y se han detectado 14 infracciones administrativas graves. Además, se han señalado 38 personas cuyas certificaciones de aptitud son cuestionables, lo que llevó a solicitar a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz validar sus condiciones psicofísicas.

Hasta ahora, 21 de estas personas han sido declaradas no aptas o han decidido renunciar a sus licencias antes de someterse a la inspección médica requerida.