El 25 de noviembre en Jaén, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha dictado sentencia condenatoria contra siete individuos, cuyas edades oscilan entre los 28 y los 36 años, implicados en una agresión tanto física como verbal hacia un hombre de 52 años. Esta repugnante agresión tuvo como trasfondo la orientación sexual de la víctima, lo que pone de manifiesto la creciente preocupación por la violencia motivada por prejuicios en nuestra sociedad.

Los acusados han admitido su participación en el acto delictivo frente al tribunal, aceptando la culpabilidad de los mismos. De manera sorprendente, decidieron conformarse con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, quien optó por reducir su solicitud inicial de condena después de que los inculpados abonaran un total de 2.800 euros en indemnización a la víctima, montante destinado a compensar el daño moral y físico infligido.

Gracias a la reparadora acción de los acusados, el Ministerio Público solicitó que se considerara una atenuante de reparación del daño, lo que resultó en una disminución de las penas para todos ellos. Esta decisión fue apoyada tanto por la acusación particular como por las defensas, lo que resalta un cierto consenso ante la resolución del caso.

Los condenados han recibido una pena de seis meses de prisión, junto con una multa de 360 euros por un delito de odio, así como una multa adicional de 60 euros por un delito leve de lesiones. La pena incluye además una inhabilitación especial por siete años para participar en actividades educativas, deportivas o de ocio que impliquen el cuidado de menores.

De forma adicional, dos de los acusados enfrentan un año de prisión más y 360 euros de multa por obstrucción a la justicia. En cuanto a la octava acusada, se le ha impuesto la misma pena de un año de cárcel y la respectiva multa, en calidad de autora de un único delito de obstrucción a la justicia.

Es relevante señalar que el juicio original se programó para el 2 de noviembre de 2023, pero tuvo que ser suspendido debido a la incomparecencia de uno de los acusados y de un testigo clave. La presidenta del tribunal tomó medidas drásticas al ordenar la búsqueda y captura del acusado ausente, quien luego fue detenido y colocado en prisión preventiva, aunque finalmente se le concedió la libertad tras la conclusión del juicio.

El Ministerio Público expone en su alegato que la agresión se produjo únicamente "porque no admiten a personas que tengan una determinada orientación sexual", lo que corrobora la gravedad del atentado a los derechos humanos en este caso, donde la intención de vejar y humillar a la víctima era palpable.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de julio de 2021. La víctima, tras asistir a la inauguración de un pub en la capital jiennense, se disponía a volver a salir para adquirir hielo. Al encontrarse en la calle, preguntó a un joven cercano sobre un lugar para realizar su compra. Este le ofreció asistir a un grupo de jóvenes que se encontraban consumiendo alcohol en una plaza cercana y, tras recoger un vaso en casa, se unió al grupo.

Después de compartir unos momentos con los jóvenes, la víctima se retiró en busca de tabaco, acompañado por el mismo joven que le había brindado su ayuda. Fue poco después de regresar que uno de los jóvenes del grupo comenzó a insultarle con comentarios soeces, lo que llevó al resto a unirse en un ataque verbal agresivo, humillando a la víctima debido a su orientación sexual.

La situación escaló, y supuestamente le despojaron de su camiseta y lo arrojaron a una fuente, causando que su espalda impactara violentamente contra un caño. Cuando logró salir del agua, la víctima denunció haber sido rociado con bebidas y hasta sufrió el agravio de que los atacantes orinaran sobre él, al tiempo que le gritaban frases denigrantes como "tú eres maricón, aquí no queremos maricones".

El Ministerio Fiscal subrayó en su escrito que el comportamiento "hostil y vejatorio" llevado a cabo por los acusados incluyó arrojarle bebida y otros objetos inmundas, todo mientras se burlaban de él. Aterrorizado y avergonzado, la víctima pudo escapar hacia su casa, aunque siendo perseguido por sus agresores.

En relación a los tres acusados por obstrucción a la justicia, la Fiscalía señala que, apenas unos días después del ataque, se acercaron tanto a un testigo como a la propia víctima, amenazándolos con serios problemas si decidían hablar sobre lo ocurrido.

El ataque fue firmemente condenado en su momento tanto por el Ayuntamiento de Jaén como por la Delegación Territorial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos de la provincia, evidenciando que la sociedad tiene un papel vital en la lucha contra la intolerancia y el respeto hacia los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.