MÁLAGA, 7 de noviembre. El Tribunal que ha llevado a cabo el juicio del caso 'Astapa', relacionado con la presunta corrupción política y urbanística en Estepona, tiene programado emitir el fallo de su sentencia el próximo viernes 8 de noviembre. Este esperado acontecimiento está fijado para las 11:00 horas y se ha convocado a todos los acusados, junto a sus letrados defensores, para conocer el veredicto de este entramado judicial que se remonta a una investigación iniciada en 2007, pero cuyo juicio ha comenzado 17 años más tarde.

El caso ha implicado a casi 50 acusados en su etapa inicial, incluidos el exalcalde socialista Antonio Barrientos y diversos exfuncionarios del PSOE y del Partido de Estepona (PES), además de varios empresarios y trabajadores del ámbito público. Sin embargo, al finalizar el juicio, el número de acusados se ha reducido a 37, luego de que algunos procesados se beneficiaran de un sobreseimiento y la Fiscalía decidiera retirar la acusación contra otros nueve.

Las audiencias comenzaron el 9 de enero de 2023 con una serie de cuestiones previas, después de las cuales la Sala anuló las escuchas telefónicas que había considerado. El desarrollo del juicio fue estructurado por bloques, a fin de facilitar su celebración, aunque la complejidad del caso ha llevado a que las sesiones se extiendan a lo largo de un año y medio.

En sus conclusiones finales, el fiscal propuso una notable reducción de las penas inicialmente solicitadas, argumentando que existían circunstancias de dilación que justificaban esta atenuación. Además, se han presentado acuerdos de conformidad con dos de los procesados durante el transcurso del juicio.

El fiscal ha acusado a Antonio Barrientos de diversos delitos que incluyen falsedad, fraude, malversación, cohecho y prevaricación. Originalmente, se había solicitado una condena de diez años y nueve meses de prisión, pero esta cifra se ha reducido a dos años. Asimismo, la multa que se pedía ha pasado de un millón de euros a tan solo 40.000 euros.

Por otra parte, la acusación ha retirado cualquier demanda de indemnización tras la decisión del Ayuntamiento de Estepona de apartarse del caso como acusación, reservándose el derecho a presentar acciones civiles si lo considera necesario. El fiscal argumentó que, dado que no existen más perjudicados, esto era procedente.

Desde el inicio de la investigación, que se centra en el periodo comprendido entre 2003 y 2008, la Fiscalía Anticorrupción ha alegado que los políticos implicados supuestamente utilizaron sus cargos para obtener fondos por parte de promotores y empresarios, destinados a financiar tanto actividades públicas como privadas de sus partidos, y también presuntamente para su propio beneficio.

El relato del fiscal sostiene que existía una "Caja B" alimentada por donaciones de promotores con intereses inmobiliarios, lo que habría permitido evadir los controles, así como irregularidades en convenios y aprovechamientos urbanísticos que favorecieron a ciertos empresarios. Sin embargo, durante el juicio se ha matizado que no se ha podido demostrar que en la negociación de ciertos convenios los responsables municipales priorizaran el interés de las promotoras sobre el del municipio, ni que los aportes para eventos deportivos o culturales tuvieran una causa ilícita.

Adicionalmente, se ha indicado que no se han presentado pruebas suficientes sobre determinados regalos o promesas de pagos, y que la anulación de las escuchas telefónicas ha impedido la acreditación de actuaciones y pagos que inicialmente se consideraron irregulares.

La acusación también ha realizado ajustes en la tramitación de expedientes relacionados con la disciplina urbanística entre 2003 y 2008, sugiriendo que, de haberse llevado a cabo de manera adecuada, el Ayuntamiento podría haber recaudado aproximadamente 43 millones de euros en sanciones, las cuales han prescrito por falta de acción.

Las defensas, por su parte, han criticado el proceso de investigación, calificándolo de "irregular". Los abogados del exalcalde han argumentado que la causa se inició sin el adecuado control judicial, señalando que existieron contactos "continuos" entre los denunciantes y las autoridades antes de presentar la denuncia, con el comisario jubilado José Manuel Villarejo desempeñando un papel clave en el inicio de la investigación.

Antonio Barrientos ha defendido su inocencia y ha expresado su firme creencia de que siempre actuó en defensa del interés público. Agradecido por el apoyo de su familia, particularmente de su esposa, ha manifestado su confianza en que se haga justicia tras este prolongado y complicado proceso.