Cinco hermanos han sido condenados a tres años y cinco meses de cárcel cada uno por delitos contra el medio ambiente y de daños al dominio público hidráulico. Estos crímenes se llevaron a cabo al extraer del acuífero que abastece al Parque Nacional de Doñana alrededor de "el doble" del agua autorizada para su finca en Aznalcázar. Además, se les ha impuesto una indemnización de casi dos millones de euros en favor de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Los acusados son propietarios de la finca Hato Blanco Viejo, donde cultivan arroz y algodón, y cuentan con una autorización de riego condicionada a unos volúmenes máximos anuales. Sin embargo, han incumplido de forma consciente estas limitaciones y han extraído volúmenes de agua muy superiores a los autorizados, poniendo en riesgo el ecosistema.

La finca se encuentra en el acuífero Almonte-Marismas, que alimenta al Parque Nacional de Doñana, un espacio de máxima protección debido a su valor natural excepcional. A pesar de conocer la importancia de este espacio, los acusados han continuado extrayendo agua en exceso, incluso tras recibir expedientes y resoluciones administrativas por parte de la Administración.

El exceso de agua extraída ha duplicado los volúmenes permitidos durante todos los años afectados por este caso judicial. Esto es aún más grave considerando que la masa acuífera ya se encuentra en mal estado debido a un descenso significativo a lo largo de los años.

La detección de agua afecta negativamente a los cauces, caños, humedales y praderas, que son hábitats protegidos y vitales para muchas especies. Por lo tanto, estos hechos representan una amenaza para la conservación de la vida acuática.

La Fiscalía ha atribuido a los acusados un daño al dominio público hidráulico valorado en 1.967.617 euros por los delitos cometidos entre 2008 y 2013. En consecuencia, ha solicitado tres años de prisión por el delito contra el medio ambiente y un año y medio más por el delito contra el dominio público hidráulico, además de multas.

El tribunal ha condenado a los cinco acusados como coautores directos de un delito contra el medio ambiente en concurso con un delito de daños al dominio público hidráulico, con la atenuante de dilaciones indebidas. Se les ha impuesto dos años y cinco meses de prisión por el primer delito y un año por el segundo, junto con multas y la obligación de indemnizar conjuntamente con casi dos millones de euros a la CHG.

El juzgado ha determinado que los acusados cometieron un abuso al extraer agua en exceso, poniendo en grave riesgo el sistema natural.