En el desarrollo de una manifestación que ha tenido lugar este sábado, decenas de miles de personas se han congregado en diversas ciudades andaluzas, incluyendo las capitales Málaga, Cádiz y Sevilla, así como en los municipios gaditanos de Tarifa y La Línea de la Concepción. La movilización, que ha sido impulsada por diversas plataformas, busca defender el derecho a una vivienda digna y señalar la problemática de un modelo turístico que, según los organizadores, perjudica gravemente a las comunidades locales, llevando a muchos a abandonar sus ciudades natales.
Los asistentes, en un ambiente de firmeza y reivindicación, han recorrido las calles de dichas ciudades, enfocándose en la dificultad que enfrenta la población para acceder a vivienda asequible. Los altos precios tanto de compra como de alquiler se han convertido en un verdadero desafío, con el fenómeno de desplazamiento forzoso que expulsa a los habitantes de sus hogares y barrios tradicionales.
Durante las manifestaciones, se han levantado pancartas y se han escuchado lemas que reclaman el derecho a la vivienda, al tiempo que critican la expulsión de residentes y el establecimiento de un urbanismo considerado insostenible por muchos de los participantes.
De acuerdo con las plataformas que realizaron la convocatoria, la asistencia a la manifestación en Málaga capital alcanzó aproximadamente las 30.000 personas, mientras que en Sevilla se contabilizó alrededor de 35.000 asistentes. Por su parte, Cádiz vio la participación de cerca de 4.000 manifestantes, según las cifras proporcionadas por los organizadores.
En Málaga, la plataforma local Málaga Para Vivir (MPV) ha lanzado críticas severas hacia el modelo urbanístico vigente en la capital de la Costa del Sol, afirmando que este sistema “expulsa a los vecinos y convierte la vivienda en una mera mercancía, erosionando así el tejido social de la ciudad”. La manifestación comenzó en la emblemática plaza de la Merced y avanzó por las principales arterias del centro, sin incidentes significativos reportados por las autoridades.
Reiterando la situación insostenible, MPV ha anunciado su intención de proseguir con un proceso de autoorganización vecinal, centrado en tres áreas clave: vivienda, precariedad laboral y crisis climática o destrucción del territorio. Aseguran que estas temáticas reflejan las inquietudes más apremiantes de la ciudadanía.
Un clamor conjunto resonó en las calles de Sevilla, donde la organización Sevilla Para Vivir (SPV) estima que alrededor de 35.000 personas participaron en la movilización. Desde esta agrupación han calificado la manifestación como un “éxito” y demandado a las administraciones públicas que implementen medidas necesarias para resguardar el derecho a la vivienda, un derecho que consideran actualmente desprotegido.
Asimismo, SPV criticó las iniciativas del Gobierno central, señalando que están más orientadas a proteger la especulación que a abordar las necesidades de la población. Ejemplificaron esto con el bono joven, que podría convertirse en un mecanismo que beneficie a propietarios privados en lugar de aportar soluciones efectivas a la crisis de vivienda, que ya ha desembocado en un sufrimiento creciente para muchos sevillanos.
En Cádiz, la agrupación Cádiz Resiste organizó una marcha que reunió a unas 4.000 personas, quienes alzaron su voz con consignas como “O cambiamos el sistema o nos quedamos sin vivienda” y “Vivienda social, sin dejar a nadie atrás”. Esta plataforma condena la especulación inmobiliaria, que a su juicio transforma los barrios en destinos turísticos y acaba con el pequeño comercio local.
Por su parte, en Tarifa, la plataforma “Tarifa no se vende” ha expresado que la dificultad para acceder a una vivienda digna es un problema que no debería ser nuevo para las autoridades. Aseguran que la mayoría de los terrenos y viviendas que no están dedicados al uso habitacional son objeto de especulación.
Finalmente, en La Línea de la Concepción, la plataforma Flavi ha subrayado que los alquileres se ven incrementados por efectos del fenómeno fronterizo y lamentó el abandono del parque público de vivienda por parte de la Junta de Andalucía. Estas expresiones de descontento colectivo evidencian la necesidad urgente de abordar la crisis de vivienda que afecta a estas comunidades andaluzas.
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