Siete imputados por la muerte de los guardias civiles en Barbate (Cádiz) permanecerán en la cárcel

En Cádiz, los seis detenidos involucrados en el trágico accidente que resultó en la muerte de dos agentes de la Guardia Civil, tras ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) en febrero, permanecerán en prisión al ser rechazados los recursos presentados en busca de libertad provisional.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha emitido seis autos, uno por cada acusado, donde se rechaza la solicitud de cambiar su estado de detención preventiva por libertad provisional, confirmando la medida dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate. Todos los acusados enfrentan cargos de "delitos muy graves" con penas significativas que implican un riesgo alto de fuga, de acuerdo a la resolución de la Audiencia.

En particular, en el auto que desestima el recurso del presunto piloto de la narcolancha, se menciona que el acusado admitió ser el piloto y haber traído la embarcación desde Sanlúcar el día anterior. Además, confesó que trabajaba para otros individuos y su tarea era pilotar lanchas mar adentro en el Estrecho, lo que, según la Audiencia, facilitaría una posible huida a Marruecos u otro país norteafricano, evitando así la justicia.

El acusado argumenta que no hay pruebas que los incriminen y que la embarcación que tripulaban no era la que chocó con la de los agentes, indicando diferencias en las características de las embarcaciones presentes en el muelle. Sin embargo, la Audiencia sostiene que hay indicios que lo vinculan directamente con el incidente, incluyendo daños compatibles con la colisión y restos de pintura en la embarcación coincidentes con la de los agentes.

El abogado Jorge Piedrafita, quien representa a la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive), ha expresado su satisfacción con la decisión de la Sala, asegurando que se garantizará el proceso de investigación para los guardias civiles afectados y sus familias. Además, señaló que buscará la máxima pena para los acusados en el juicio por los hechos graves ocurridos.