Sobrevivientes de tragedia en Barbate declaran: "Servicio lleno de errores"

En la localidad de Barbate, en la provincia de Cádiz, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha destacado que los cuatro guardias civiles sobrevivientes de un trágico incidente ocurrido en febrero pasado, en el que perdieron la vida dos compañeros, han comparecido este viernes. Han afirmado que sus declaraciones "han revelado la inaceptable configuración del servicio, con errores de coordinación, falta de medios y falta de garantía de seguridad para los guardias civiles involucrados".

En un comunicado, la AUGC ha mencionado que en mayo el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate aceptó que la asociación participara como acusación popular en la investigación de las presuntas responsabilidades penales relacionadas con el incidente, que podrían haber vulnerado los derechos de los trabajadores.

Además, el Juzgado rechazó la solicitud de la Fiscalía de cerrar provisionalmente el caso y, en cambio, acordó llevar a cabo investigaciones adicionales, siguiendo las recomendaciones planteadas por la AUGC en su denuncia inicial, según ha explicado la asociación.

Asimismo, el juzgado decidió incluir las declaraciones de los guardias civiles sobrevivientes sobre las condiciones de inseguridad y la falta de medios durante el incidente del 9 de febrero de 2024 en el Puerto de Barbate, en las que describieron las condiciones de seguridad inaceptables y la falta de recursos para llevar a cabo el servicio de manera segura y efectiva.

En su denuncia, la AUGC solicitó una investigación penal por la presunta violación del artículo 316, que establece penas de prisión y multas para aquellos que no proporcionen los medios necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores en situaciones de riesgo laboral.

Además, la AUGC mencionó el artículo 318, que establece penas para los administradores responsables de servicios en caso de no tomar medidas para evitar infracciones a las normas de prevención de riesgos laborales.

Por último, la AUGC ha asegurado que seguirá defendiendo los derechos fundamentales y profesionales de los miembros de la Guardia Civil, destacando que la prevención de riesgos laborales es un derecho de todos los miembros de la institución y una obligación fundamental para aquellos que ocupan puestos de liderazgo y dirigen las operaciones.