En un caso que ha llamado la atención de la opinión pública en Granada, la Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para una funcionaria que supuestamente abusó de su posición para acceder a información privada sobre la hija de su pareja. Este hombre, quien enfrenta una condena potencial de dos años y dos meses de cárcel, intentó obtener datos sensibles de su hija con el propósito de evitar el pago de la pensión alimentaria que debía tras su divorcio.

Según el documento de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, el progenitor de la menor estaba legalmente obligado a abonar dicha pensión tras la disolución del matrimonio. El caso, que promete ser controvertido, será juzgado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.

El padre habría intentado "extinguir el pago de la pensión alimentaria" y solicitó que se incorporara información sobre la trayectoria laboral de su hija como parte de su estrategia. En un acuerdo previo a presentar una modificación de medidas, el acusado, en complicidad con la funcionaria, trató de que esta accediera a la información laboral de la menor.

El objetivo de su indagación era comprobar si la hija "recibía alguna ayuda económica" relacionada con un "plan premeditado". En febrero de 2021, y con motivos que no guardan relación con sus funciones oficiales, la acusada, parte del equipo de gestión de pensiones de la Junta de Andalucía, habría solicitado a una colega que buscara la información necesaria.

Una vez recopilados los datos, la funcionaria supuestamente los filtró al padre, quien, confiando en esta información, presentó a finales de 2021 una demanda para extinguir el pago de la pensión. La denunciante se enteró de que su padre había presumido públicamente de haber accedido a sus datos, lo que la llevó a presentar una queja ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

La Fiscalía ha determinado que estos actos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por parte de la funcionaria, quien, además de la pena de prisión, podría enfrentarse a una multa de 5.700 euros e inhabilitación total durante seis años. Por su parte, el padre de la menor también se enfrenta a una pena de cárcel y a una multa de 5.400 euros por su implicación en el asunto.