En el marco de una importante operación policial, se han dado a conocer detalles sobre la detención de varios taxistas en Sevilla, entre los que se encuentra el actual líder de la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi. Esta situación ha generado un gran revuelo en el ámbito del transporte urbano, especialmente en el aeropuerto de la ciudad, donde la operativa de los taxis ha sido objeto de controversia por la supuesta creación de un monopolio en el servicio.

Según información proporcionada por fuentes cercanas al caso a Europa Press, un total de 18 taxistas han sido puestos en libertad con cargos tras ser detenidos en la operación denominada "Aertase". La intervención fue llevada a cabo por la Policía Nacional en respuesta a acusaciones que incluyen delitos de coacciones, amenazas, daños, y organización criminal. La sede de la mencionada asociación se localiza en la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla, que ya había sido objeto de investigaciones previas por hechos similares.

Las autoridades judiciales, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, han identificado al líder de Solidaridad Hispalense, Antonio Velarde, entre los detenidos. Junto a él, otros miembros de la directiva de la organización también figuran en la lista de los arrestados. Las investigaciones han sido impulsadas por la Brigada Provincial de Información y han contado con la colaboración de diversas unidades de seguridad ciudadana, con el objetivo de deshacer el monopolio que ha prevalecido en la parada de taxis del aeródromo sevillano.

El trasfondo de la operación se basa en una serie de aproximadamente 20 denuncias que han sido presentadas por otros taxistas y autorizaciones de vehículos de transporte concertado (VTC). Estas denuncias apuntan a que un grupo de taxistas, organizado bajo la Asociación Solidaridad Hispalense, habría logrado acaparar la parada de taxis del aeropuerto, imponiendo tarifas fijas que limitan la competencia y el acceso a otros conductores a través de posibles coacciones y amenazas.

Es relevante mencionar que en diciembre de 2021, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ya había avanzado en el proceso contra Solidaridad Hispalense del Taxi y 27 taxistas de la organización, quienes enfrentaban acusaciones de organización criminal, coacciones y daños. En este contexto, se había revelado una serie de sanciones internas que se imponen a los miembros que cometen distintas infracciones, las cuales incluyen desde multas hasta suspensiones temporales de la actividad en la parada del aeropuerto por diversas faltas de comportamiento.

La juez a cargo del caso, en su análisis, destacó la existencia de registros que documentan las severidades de las sanciones, indicando un abuso de poder por parte de la asociación y su monopolio en el servicio de taxis en el aeropuerto. Las multas y castigos sancionan específicamente el no cumplimiento de normas que tienen como objetivo mantener el control sobre la operativa de la parada, lo que subraya el poder que ejercen sobre los demás taxistas.

Además, en el transcurso de la investigación, se logró el hallazgo de documentos comprometedores, incluyendo fotografías de agentes de la Policía Local, lo que pudo haber agravado la situación de la organización. Estos elementos han llevado a las autoridades a calificar a Solidaridad Hispalense como una "verdadera organización criminal", cuya estructura jerárquica está claramente definida y que opera bajo un sistema de control muy riguroso.

Sin embargo, existen matices en esta historia, ya que en el año 2022, la Audiencia Provincial tomó una decisión a favor de Solidaridad Hispalense, revocando algunas decisiones previas y limitando el alcance de las investigaciones. Este revés judicial señala que los procedimientos actuales, aunque relacionados con los anteriores, presentan características diferentes y han dado lugar a nuevas diligencias en la causa.

Así, el estado actual del caso deja entrever no solo la complejidad del mismo, sino también las tensiones que se viven en el sector del transporte en Sevilla, donde se mezclan intereses económicos, batallas judiciales y la necesidad de garantizar un servicio justo y competitivo para todos los ciudadanos.