Transportistas andaluces solicitan a la Junta medidas ante aumento de costes del 30% por conflicto en Oriente Medio

La Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra) ha alertado a la Junta de Andalucía sobre el incremento en los costes operativos del sector, que en algunos casos alcanza hasta un 30% debido a la escalada en los precios de la energía, derivada del conflicto en Oriente Medio. En concreto, los precios del diésel y la gasolina han experimentado subidas del 2,55% y 1,46% en la última semana, acumulando ya diez semanas consecutivas de incrementos, con niveles no vistos desde finales de 2022 y octubre de 2023, respectivamente.

Este contexto se enmarca en una tensión creciente en los mercados energéticos, motivada por el bloqueo del estrecho de Ormuz y las hostilidades en la región, que amenazan la estabilidad del suministro. La situación afecta particularmente a empresas que operan en transporte escolar y servicios turísticos, cuyos contratos no permiten la revisión de precios, lo que agrava la situación económica de los operadores en Andalucía.

Desde Fedintra, el presidente Antonio Vázquez ha señalado que las subidas de costes están poniendo en jaque la viabilidad del sector. La falta de mecanismos para ajustar tarifas en contratos públicos, que suelen fijar precios de hace años, impide a las empresas repercutir estos aumentos, lo que puede derivar en un incremento en la precariedad del sector y en posibles interrupciones en los servicios esenciales.

La federación ha solicitado reuniones con la Junta de Andalucía para implementar medidas que ayuden a mitigar estos impactos, incluyendo ayudas específicas para el transporte escolar y el transporte regular. Asimismo, abogan por la revisión de los contratos públicos para incorporar cláusulas de revisión de tarifas, en línea con las prácticas del transporte de mercancías, y establecer protocolos de seguimiento y reequilibrio de los precios.

Este requerimiento se produce en un contexto donde varias comunidades autónomas, como Baleares, Galicia y Cataluña, ya han activado mecanismos similares para afrontar los incrementos en costes energéticos y materiales. La situación evidencia la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva desde las administraciones públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos, especialmente en sectores que afectan directamente al bienestar social y la movilidad en Andalucía.