Tres hijos de Ruiz-Mateos y exdirector de Trabajo procesados por fraude en ayudas de los ERE.
El juzgado ha tomado la decisión de investigar en procedimiento abreviado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera (PSOE), así como a otras 20 personas en relación con presuntas irregularidades en ayudas por más de 35 millones de euros a empresas pertenecientes al Grupo Ruiz-Mateos.
En un comunicado este jueves, el magistrado ha señalado la existencia de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos.
Entre los 21 investigados se encuentran Álvaro, Francisco Javier y Pablo Ruiz-Mateos, hijos del empresario y político jerezano José María Ruiz-Mateos; así como responsables de compañías como Complejo Bodeguero Bellavista, Zoilo Ruiz-Mateos S.L., Hotel Cervantes -Europa Center- y Comercial Alimentaria Dhul S.L.
Por otro lado, se ha decidido archivar provisionalmente la causa para otros 16 investigados, incluyendo a los hijos de Ruiz-Mateos y a miembros del comité de empresa de las empresas relacionadas, ya que no se han encontrado pruebas sólidas que los vinculen con los hechos investigados.
Además, el juez ha explicado que no es posible continuar con la investigación contra antiguos cargos como Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Márquez, Francisco Javier Guerrero y Jacinto Cañete, ya que han sido encausados en el pasado por hechos similares.
Es importante mencionar que Fernández y Barberá cumplen actualmente condena de cárcel por su participación en el llamado "procedimiento específico" de los ERE, mientras que la pena para Márquez ha sido suspendida temporalmente por el Tribunal Supremo.
Por otro lado, el juez ha destacado que Daniel Alberto Rivera enfrenta acusaciones sólidas por su papel en el otorgamiento irregular de ayudas durante su mandato como director general de Trabajo y que su exclusión de la investigación no procede, ya que se considera que colaboró en el proceso a pesar de no haber sido enjuiciado previamente.
Según el juez instructor, las ayudas concedidas fueron utilizadas para cubrir compromisos financieros y laborales de las empresas, incluyendo indemnizaciones por despido derivadas de ERE concertados.
Finalmente, se ha señalado que la revisión posterior de Rivera sobre la inclusión de beneficiarios irregulares en las pólizas no exime su responsabilidad penal en los hechos investigados, lo que podría llevar a una posible condena en el futuro.