Granada, 22 de julio. Este martes, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de la ciudad ha decidido aplazar la entrega del hijo menor de Juana Rivas hasta el próximo viernes. Rivas, residente en Maracena, fue condenada a dos años y medio de prisión tras pasar un mes en paradero desconocido con sus hijos en 2017, en desacato a las órdenes judiciales que le exigían entregar a los pequeños a su padre, Francesco Arcuri, italiano y titular de la custodia, quien había organizado una reunión en un centro familiar de Granada.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el menor permanecerá con su madre hasta que se complete el proceso relacionado con la sentencia de los tribunales de Italia. Este procedimiento se produce tras una asistencia psicológica que recibió el niño en el mismo lugar de encuentro, donde su padre llegó a las 09:30 horas, antes de que finalmente se juntara con su madre a las 14:30 horas.

La situación se tornó complicada cuando Juana Rivas necesitó atención médica tras dejar a su hijo, requiriendo el servicio de una ambulancia por una crisis de ansiedad alrededor de las 11:00 horas. El hermano mayor del menor también estaba presente, apoyando a su hermano durante todo el proceso. Inicialmente, la entrega del niño estaba programada para llevarse a cabo en Italia.

En la decisión del juzgado, se convocará una reunión para mañana a las 10:00 horas, únicamente con los representantes legales de las partes y el Ministerio Fiscal. El objetivo es establecer las condiciones para garantizar el cumplimiento de la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones de Cagliari, que debe llevar a cabo la entrega del menor de manera que priorice su bienestar.

Se solicita, además, un informe urgente del personal técnico del punto de encuentro familiar para analizar cómo se debe realizar la entrega, asegurando así que se respete el interés superior del menor y que no se exponga a situaciones innecesarias que puedan perjudicarlo.

Por su parte, Francesco Arcuri enfrenta una investigación en Italia por denuncias de malos tratos hechas por Rivas. Debido a la tensión emocional del niño, quien ha manifestado su temor a regresar a la casa de su padre, el proceso se lleva a cabo con la asistencia de psicólogos. A medida que el menor se fue con su padre, activistas en apoyo a Rivas mantuvieron una fuerte oposición a las puertas del centro de encuentro.

El abogado Juan de Dios Ramírez, parte del equipo legal de Rivas, confirmó la crisis de salud que sufrió su clienta tras la entrega de su hijo, mientras que Paqui Granados, directora del Centro de Información a la Mujer de Maracena, criticó la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir el recurso que buscaba suspender dicha entrega. Granados expresó su preocupación, afirmando que el niño enfrenta un riesgo considerable y se encuentra en una situación que ella calificó de “tortura” al ser testigo en un caso que involucra a su padre, presuntamente un maltratador.

Sandra Gómez de Garmendia, directora general de Derechos de la Infancia y Adolescencia, habló con los medios y enfatizó la importancia de escuchar al menor, quien parece tener clara su situación y deseos. Sin embargo, evadió pronunciarse sobre la inadmisión del recurso por parte del Tribunal Constitucional, apelando a la separación de poderes.

El día se tornó tenso cuando, a las 11:25 horas, se produjo la salida de Rivas en una ambulancia, lo que intensificó la atención mediática. La llegada del menor junto a Rivas y otros allegados antes de esta situación había estado marcada por un ambiente de preocupación y las calles habían estado bloqueadas desde temprano.

Finalmente, es importante recordar que en enero, un tribunal de Granada detuvo temporalmente el regreso del niño a Italia tras declaraciones del menor sobre presuntos abusos físicos y psicológicos a manos de su padre. Estos acontecimientos llevaron a la Audiencia de Granada a remitir el caso a la corte de Cagliari para investigar más a fondo estas acusaciones.

En abril de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por el delito de sustracción de menores, aunque redujo su sentencia de cinco a dos años y medio, argumentando que se trataba de un solo delito a pesar de la sustracción de dos niños.