Crónica Andalucía.

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Última sesión del juicio por fraude en UGT-A

Última sesión del juicio por fraude en UGT-A

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla se prepara para llevar a cabo este jueves la última sesión del juicio contra la antigua cúpula de UGT-A por presunto fraude de subvenciones, en relación a fondos autonómicos por más de 40 millones de euros.

Tras varios meses de juicio, se espera que en esta jornada finalicen los informes de las defensas, con la posibilidad de que los acusados tengan la oportunidad de hacer uso de su palabra.

Entre los acusados se encuentran destacados miembros como el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato, Francisco Fernández Sevilla, y otros miembros de la alta dirección de UGT-A.

El fiscal ha presentado sus conclusiones definitivas, solicitando penas de prisión y multas millonarias para cada acusado, así como el pago de indemnizaciones a la Junta de Andalucía.

Se revelaron testimonios que apuntan a un presunto mecanismo de facturación falsa utilizado por la cúpula de UGT-A para desviar fondos públicos hacia fines diferentes a los cursos de formación que debían financiar.

Estos dirigentes sindicales habrían manejado un sistema de 'fondos negros' para cubrir gastos no justificados, incluyendo descuentos de proveedores no reportados a las autoridades correspondientes.

El fiscal ha denunciado la supuesta participación de los acusados en actividades fraudulentas, incluyendo la creación de un software específico para gestionar el desvío de fondos públicos, financiado con dinero destinado a formación.

Se ha revelado que los acusados justificaron gastos supuestamente fraudulentos con el consentimiento de la Junta de Andalucía, alegando que se trataba de un mecanismo interno para gestionar las relaciones con los proveedores.

Estos dirigentes sindicales habrían utilizado el sistema de 'fondos negros' de forma generalizada, desviando fondos públicos para financiar gastos no relacionados con los cursos de formación.

El fiscal ha destacado la presunta complicidad de los acusados en actividades irregulares, cuestionando su dedicación a ayudar a los trabajadores y denunciando el uso indebido de fondos públicos para costear eventos y actividades no autorizadas.