En Sevilla, 18 de diciembre. Las universidades públicas de Andalucía han hecho pública, este jueves, una declaración institucional que critica a la Junta de Andalucía por su "incumplimiento constante" del modelo de financiación acordado en 2023 por el Consejo de Gobierno regional junto con los Rectorados. Enfatizan que en los dos años inmediatos, 2024 y 2025, no se ha respetado la cláusula de salvaguarda que estipula la necesidad de garantizar el 100% de la financiación del año anterior. En este contexto, mencionan que aún se les debe el 0,5% de la subida salarial correspondiente a 2014 y que también persiste la falta de actualización en los gastos de mantenimiento, como ordena el modelo vigente.

La declaración, consultada por Europa Press, resalta que este incumplimiento supone una violación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que exige asegurar una financiación fundamental adecuada. El documento enfatiza que la falta de cumplimiento coloca al sistema universitario andaluz en una situación de debilidad económica severa, además de contradecir el marco normativo estatal en vigor.

Este paso por parte de las universidades, coordinado por la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), sigue a la reciente aprobación del segundo reparto del modelo de financiación para el año 2025. En esta ocasión, el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) aprobó el reparto con un resultado de doce votos a favor (incluyendo todos los Consejos Sociales), once en contra (de ocho rectores) y dos abstenciones (de la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Málaga). Los rectores que votaron en contra argumentaron que la propuesta conduce a un deterioro gradual del sistema.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha distribuido los fondos asignados al modelo de financiación del sistema universitario público andaluz para 2025, con un total de 1.775,48 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,01% en comparación con el año anterior, según datos de la Administración. Además, se indica que esta suma es un aumento cercano al 30% con respecto a 2018, sumando además fondos para proyectos estratégicos, que totalizan 9,5 millones adicionales.

Respecto a estos proyectos estratégicos, la declaración universitaria señala que más de 37 millones de euros asignados para el pago de nóminas son clasificados como proyectos estratégicos no consolidables. Esto contrasta con lo que estipula el modelo, que establece que los pagos de retribuciones deberían ser siempre consolidados para futuras asignaciones. Este argumento fue desmentido por la Consejería en declaraciones recientes.

El secretario general Ramón Herrera comentó a Europa Press que las relaciones con los rectores siguen siendo positivas, al igual que las negociaciones para el Presupuesto de 2026, donde se planea incluir 16 millones de euros, aunque los rectores estiman que son necesarios al menos 20 millones para asegurar la viabilidad financiera de las instituciones académicas. En lo que respecta a la subida salarial del 2,5%, que el Gobierno central permite en un periodo de tres años y que la Junta ya ha comenzado a aplicar, Herrera apuntó que no se está considerando como un proyecto estratégico. En cambio, sí se incluyen conceptos como el crecimiento vegetativo y el cumplimiento de sentencias judiciales.

Volviendo a la declaración institucional, se argumenta que "todos estos incumplimientos son exacerbados por la persistente negativa de la Administración autonómica a proporcionar las sumas necesarias para la implementación total de los acuerdos alcanzados en Sevilla y Jaén entre el consejero de Universidad y el presidente de la Junta". Los campus recalcan que el Gobierno andaluz ha transferido a las universidades una cantidad claramente insuficiente, impidiendo cubrir incluso los altos costes de las cotizaciones sociales relacionadas con estas asignaciones, lo que agrava la ya crítica situación financiera por la crónica falta de fondos.

Ante esta serie de problemas expuestos en la declaración, las universidades hacen un llamado al presidente Juanma Moreno para que "cumpla con su compromiso asumido en el ámbito universitario", donde se prometió una adición de 16 millones de euros para sostenibilidad y digitalización de las universidades. Esta partida, que se considera crucial, ha desaparecido del reparto realizado por la Junta. La declaración concluye advirtiendo que esta situación está debilitando progresivamente el sistema público universitario andaluz, un elemento fundamental para el avance y la equidad de oportunidades en Andalucía.