En un importante avance para la regularización de viviendas ilegales en Vejer (Cádiz), el Ayuntamiento ha aprobado la dotación de agua potable en 196 viviendas ubicadas en suelo rústico. Estas edificaciones se encuentran entre los padrones de Torre Nueva y Guerrero, en la pedanía de El Palmar.
Este paso se enmarca en el cumplimiento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (Lista), que establece la modalidad preceptiva para obtener servicios básicos en áreas como El Palmar, según ha informado el Ayuntamiento de Vejer.
Un total de 196 edificaciones, con una superficie de 347.522,83 metros cuadrados, podrán acceder al servicio elemental de agua potable gracias a la tramitación del Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial.
El Palmar se ha dividido en 16 sectores, siendo el sector seis el primero en aprobarse en Junta de Gobierno local para su presentación y evaluación ambiental estratégica ordinaria en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Según el Decreto 550/2022 de 29 de noviembre, los planes especiales son la vía necesaria para regularizar viviendas irregulares, como es el caso del sector seis en Vejer.
La concejala para el Desarrollo de El Palmar, Dolores de Melo, ha expresado su compromiso en resolver la carencia de agua potable en la pedanía, señalando la importancia de este derecho humano fundamental para las familias que residen en la zona.
Desde el inicio de la legislatura local del PSOE en Vejer, se han llevado a cabo reuniones con los vecinos de El Palmar para abordar esta problemática y buscar soluciones en el marco de la ley.
El siguiente plan especial en proceso es el sector siete, que abarca 210 edificaciones y se encuentra entre los padrones de Guerrero y Camping, con una superficie de 377.544,96 metros cuadrados. Este plan también será remitido a la Consejería de Medio Ambiente para su evaluación y aprobación próximamente.
En marzo de este año, la Junta de Andalucía llevó a cabo la demolición de varias edificaciones ilegales en El Palmar, tras una orden judicial. Estas acciones se realizaron para evitar sanciones por parte de las autoridades.
El proceso de restablecimiento de la legalidad por parte de la inspección se inició en 2019, con diferentes medidas provisionales tomadas hasta la actualidad. Entre ellas se incluyeron precintos, cortes de suministros y hasta 58 actas de inspección realizadas hasta 2023, según la Junta.
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