SEVILLA, 3 de noviembre.

La familia de un paciente oncológico fallecido en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha iniciado un proceso de reclamación contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por considerar que la muerte de su ser querido se debió a un diagnóstico tardío de un cáncer de pulmón y a la falta de tratamiento adecuado.

En 2011, tras realizar diversas pruebas en el hospital, se detectó en el paciente una masa pleural y otras anomalías que fueron erróneamente interpretadas como enfisema y nódulos, mientras se omitió la sospecha del cáncer que podría haber revertido su situación, según los familiares.

Un TAC realizado en 2015 reveló un agravamiento de su estado de salud, presentando más lesiones y un avance significativo de la enfermedad. En el año 2023, se identificó un nódulo pulmonar de considerable tamaño y adenopatías extensas, que indicaban una situación grave.

A pesar de estos hallazgos alarmantes, los familiares aseguran que la respuesta médica fue insuficiente, limitándose a realizar pruebas que no lograron arrojar un diagnóstico claro hasta enero de 2024. En esa fecha, un PET-TAC indicó la posibilidad de una inflamación en vez de un cáncer, derivándose a nuevos estudios.

La evolución del estado del paciente continuó deteriorándose, como evidencia un TAC efectuado en julio de 2024 que mostró un aumento significativo de las lesiones pulmonares y las adenopatías. En agosto, otro PET-TAC confirmaría la progresión del cáncer, afectando no solo a los pulmones, sino también a otros órganos como el hígado y los huesos.

A pesar de ser ingresado por complicaciones respiratorias y diagnosticado de neumonía en varias ocasiones, el efectivo tratamiento contra el cáncer no se concretó hasta que se realizó una biopsia en octubre de 2024, donde finalmente se identificó un carcinoma metastásico. Para entonces, la situación del paciente era terminal.

Los documentos que respaldan la reclamación destacan que ya en diciembre de 2023 se observaban hallazgos que sugerían la posibilidad de una neoplasia pulmonar, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema de salud para responder adecuadamente ante síntomas que claramente merecían un diagnóstico preciso.

El abogado de la familia, Pedro Arnaiz, sostiene que es inaceptable que la biopsia, fundamental para confirmar la enfermedad, no se realizara hasta diez meses después de la primera sospecha. Esta situación llevó a que el paciente no recibiera el tratamiento adecuado, resultando en su fallecimiento el pasado 30 de octubre.