HUELVA, 11 de noviembre.

La organización WWF ha advertido que aún existen más de 1.100 hectáreas en la Corona Forestal de Doñana que están siendo regadas de manera ilegal. Según la ONG, este hecho revela que las medidas que se están implementando no son suficientes. No solo se trata de un asunto relacionado con el uso indebido del agua, dado que estas fincas consumen unos seis hectómetros cúbicos, sino que también representa un caso de competencia desleal, ya que se estima que alrededor de 30.000 toneladas de frutos rojos originados en estas zonas se están comercializando en el mercado.

Estas declaraciones surgen de las conclusiones que WWF presenta anualmente acerca de las fincas que realizan riego ilegal, y fueron detalladas este lunes por Felipe Fuentelsaz, responsable de Proyectos de Aguas y Agricultura de WWF España, junto a Juanjo Carmona, coordinador para Doñana. Los datos que sustenta este informe se obtuvieron gracias a tecnología de imágenes satelitales.

De acuerdo al análisis llevado a cabo por WWF, en la región de Doñana, como especificó Fuentelsaz, "todavía se riegan 1.180,2 hectáreas que se encuentran fuera de la superficie agrícola regable (SAR), tal como está definido en el Plan Especial de la Corona Forestal". Este plan incluye no solo las tierras que están bajo plástico, sino también aquellas asociadas a las cuencas del Guadalquivir y del Tinto-Odiel-Piedras. Así mismo, quedan excluidas otras áreas de municipios colindantes a Doñana que tampoco están integradas en este plan.

Los responsables de WWF también señalaron que, debido a los avances tecnológicos, los resultados sobre la situación de riego ilegal se pueden obtener casi en tiempo real, con actualizaciones cada cinco días y un procesamiento automatizado que apenas toma un par de minutos. Esta información puede ser accesible también para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), gracias a una nueva herramienta lanzada en septiembre.

En este sentido, Carmona comentó que, al igual que WWF, las administraciones cuentan con tecnologías modernas, incluidos satélites y drones, que les permiten monitorear en tiempo real las irregularidades en el uso del agua. Por lo tanto, la lógica indica que se debe actuar proactivamente ante estas ilegalidades.

"Estamos ante una cifra alarmante en un acuífero que ha sido sobreexplotado, oficializado hace cuatro años, y que no cuenta con un plan obligatorio de extracción desde hace tres; la situación es crítica, con un índice de sobreexplotación que alcanza el 109% según los datos oficiales", subrayó Carmona. En este sentido, lanzaron un llamado a las autoridades competentes para tomar medidas inmediatas, resaltando que aunque las multas podrían tener un efecto disuasorio, no resolverán ni la pérdida de agua ni la competencia desleal que se genera.

En relación a la superficie total, Fuentelsaz añadió que casi el 80% de las hectáreas ilegalmente regadas corresponden a cultivos de frutos rojos. La ONG estima que esta superficie resulta en la producción de unas 30.000 toneladas de fresas y otros frutos que podrían ingresar a los mercados europeos en diciembre, a menos que la CHG y la Junta de Andalucía tomen restricciones adecuadas.

Fuentelsaz enfatizó que, además de la crisis hídrica, esto genera un serios desafíos en términos de competencia desleal, como dificultades en la comercialización y en la obtención de mano de obra, a pesar de que se continúa con la expansión de hectáreas ilegales.

La superficie regada sin la debida autorización implicaría, según estimaciones, un volumen mínimo de seis millones de metros cúbicos de agua extraída ilegalmente del acuífero, lo que equivale a llenar 2.400 piscinas olímpicas.

En detalle, de las 1.180,2 hectáreas en cuestión, un 80%, o sea, 923 hectáreas, se dedican a cultivos de frutos rojos; solo se ha reportado una reducción de 166 hectáreas. A pesar de esa leve disminución, Fuentelsaz expresó su reconocimiento por el esfuerzo realizado, en parte gracias a las denuncias interpuestas por WWF. De estas 923 hectáreas, casi un tercio se encuentran en la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras, mientras que el resto está en la cuenca del Guadalquivir.

Fuentelsaz también observó que no es común que se detecten nuevas fincas en operación, lo que indica que muchas han estado funcionando ilegalmente durante años.

Además, la actual extensión de cultivos ilícitos en Doñana es ligeramente menor respecto al año anterior, cuando se alcanzaron las 1.360 hectáreas. No obstante, según Fuentelsaz, el hecho de que nunca haya caído de las 1.000 hectáreas demuestra que las autoridades deben tomar medidas más rigurosas, dado que con el ritmo actual se requerirían entre ocho y diez años para eliminar por completo estas prácticas ilegales.

A pesar de ello, Fuentelsaz reconoció el "trabajo inicial, que debería extenderse más" de parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Seprona y la Fiscalía. Sin embargo, lamentó que la Junta de Andalucía no esté actuando con la misma diligencia, a pesar de contar con un equipo técnico capacitado y avanzadas herramientas cartográficas.

Por consiguiente, WWF exige a la Junta de Andalucía y a la CHG una respuesta inmediata y a gran escala, que incluya medidas drásticas como el cierre de pozos y el precinto de las hectáreas ilegalmente cultivadas.

Con estas intervenciones, se podría evitar que se continúe extrayendo agua de forma ilícita de un acuífero que, a pesar de ser declarado en riesgo hace cuatro años, sigue deteriorándose y carece de un programa de actuación obligatorio para su recuperación. Al mismo tiempo, se pretende impedir que los frutos cultivados de manera ilegal lleguen a los mercados nacionales y europeos en diciembre.