Adelante Andalucía recurre ante la Junta Electoral el acto de entrega del Premio Carlos V a Felipe VI por su proximidad a las elecciones autonómicas
Adelante Andalucía ha anunciado su intención de presentar un recurso ante la Junta Electoral de Andalucía (JEC) contra la concesión del XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, cuyo acto de entrega está programado para el 12 de mayo en el Monasterio de Yuste, en Cáceres. La polémica surge por la participación del Rey Felipe VI en la entrega, en un momento cercano a las elecciones autonómicas previstas para el 17 de mayo en Andalucía.
Este acto adquiere relevancia en un contexto político marcado por la percepción de posible uso de instituciones y símbolos oficiales con fines electorales. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, ocupa un cargo que, en la rotación actual, preside la húngara Kata Tütto, una figura con trayectoria en la política europea desde 2019. La presencia del monarca en este acto, en vísperas de los comicios, ha sido interpretada por los críticos como una posible intromisión en la campaña electoral.
La iniciativa de Adelante Andalucía, liderada por su candidato a la presidencia, José Ignacio García, se fundamenta en que la participación del Rey en un acto que coincide con la campaña electoral puede constituir una vulneración de la neutralidad institucional. La formación sostiene que la Casa Real no debería participar en eventos que puedan interpretarse como apoyo a candidatos o partidos políticos, especialmente en tiempos de alta polarización política y en un contexto electoral cercano.
Desde la perspectiva institucional, la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, justificó la elección del Comité Europeo de las Regiones para el premio, argumentando que en tiempos de fragmentación política, la organización promueve valores de diálogo y cooperación. Sin embargo, críticos como Adelante Andalucía consideran que la neutralidad de las instituciones debe mantenerse estrictamente durante los periodos electorales para garantizar la equidad en la contienda democrática.
Este episodio refleja una tensión más amplia sobre el uso y la percepción de la influencia de las instituciones en la política autonómica y europea. La polémica también pone en evidencia la preocupación por la percepción de favoritismo por parte de las instituciones del Estado, en un momento en que la legitimidad y la transparencia del proceso electoral están bajo escrutinio. La decisión final de la Junta Electoral será clave para determinar si el acto se mantiene o se suspende, en un escenario que continúa generando debate en el panorama político andaluz y nacional.