Adif realiza cambios en el tramo de Adamuz tras advertencias de trazabilidad y en plena investigación por accidente mortal

En marzo, Adif llevó a cabo tareas de mantenimiento en el tramo ferroviario de Adamuz, en Córdoba, realizando el cambio de un carril de 36 metros en el punto kilométrico 317,264, en un área situada a más de un kilómetro del lugar donde el 18 de enero ocurrió un trágico accidente que causó 46 fallecidos y más de 120 heridos. La intervención se realizó tras recibir un aviso urgente del proveedor el 23 de febrero, y fue comunicada a la jueza responsable del caso, aunque sin la autorización judicial previa, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre los procedimientos y la gestión del mantenimiento de la infraestructura.

El 2 de marzo, Adif informó formalmente a la jueza del Tribunal de Montoro que los trabajos se habían realizado, pero la situación generó controversia debido a que la intervención coincidió con una investigación en curso sobre las causas del siniestro. La operación, que incluyó la sustitución de un carril, se ejecutó en un contexto de tensión política y social, en un momento en que el Ministerio de Fomento y las autoridades regionales están bajo escrutinio por sus protocolos de mantenimiento y supervisión de la red ferroviaria.

Las investigaciones revelan que, en febrero, la empresa suministradora de los carriles, Arcelor Mittal, alertó de una discrepancia en la trazabilidad de uno de los carriles entregados, específicamente en relación al número de colada y la nota de entrega. La falta de certificación clara y la imposibilidad de rastrear el origen del material llevaron a recomendar su sustitución urgente, una medida que se ejecutó sin la autorización judicial previa, en un contexto donde la seguridad y la responsabilidad institucional están en el centro del debate público y político.

El episodio ha puesto en entredicho la gestión de seguridad de Adif, que ha sido objeto de críticas por su prontitud para actuar y por la falta de comunicación previa adecuada con la autoridad judicial, en un marco en que las responsabilidades por el accidente del mes de enero están siendo investigadas en profundidad. La jueza ha recordado que las tareas de mantenimiento que impliquen alteraciones en la infraestructura deben contar con un preaviso de 15 días y autorización judicial, salvo en casos de urgencia justificada por motivos de seguridad.

Este caso se inscribe en un escenario más amplio de tensión entre la protección de la infraestructura crítica y la gestión administrativa en un contexto de crisis política y social en Andalucía y España. La reciente atención mediática y la movilización política reflejan la preocupación por la seguridad en las infraestructuras públicas y la necesidad de reforzar los controles en un momento en que el país enfrenta desafíos en su red de transporte y en la gestión de la seguridad ferroviaria en particular.