Andalucía cierra el primer trimestre con 616 lanzamientos judiciales, un 45% menos
Durante los primeros tres meses de 2026, los órganos judiciales andaluces practicaron 616 lanzamientos forzosos, lo que representa una disminución del 45,2% respecto al mismo período del año anterior. La reducción se produce en un contexto de cambios en la actividad judicial y en las políticas relacionadas con la vivienda en la comunidad.
Estos datos sitúan a Andalucía como la tercera región con mayor número de lanzamientos en España, tras Cataluña y la Comunidad Valenciana, y evidencian una tendencia a la baja en la judicialización de desahucios. Sin embargo, expertos y organizaciones sociales advierten que las cifras oficiales no reflejan todos los casos de pérdida de vivienda, especialmente aquellos en los que la salida del inquilino no pasa por un procedimiento judicial formal.
El descenso en los lanzamientos está vinculado a cambios en la legislación y a la moratoria de desahucios en vigor, además de una mayor presencia de negociaciones entre propietarios e inquilinos. Sin embargo, la realidad social revela que muchas personas dejan sus viviendas por motivos económicos, como la imposibilidad de afrontar subidas de renta o finalización de contratos, sin que estos casos aparezcan en las estadísticas oficiales.
Desde el ámbito político, la gestión de la vivienda pública y las medidas para evitar desalojos forzosos continúan siendo una prioridad en el debate público. La administración andaluza ha señalado su interés en promover el alquiler social y el control de precios, aunque aún persisten desafíos en la implementación efectiva de estas políticas ante la demanda creciente y la escasez de recursos.
A futuro, la tendencia a la baja en los lanzamientos judiciales podría mantenerse si se consolidan las políticas de protección social y se incrementa la inversión en vivienda pública. Sin embargo, la persistencia de 'desahucios invisibles' y la precariedad habitacional en ciertos sectores plantea la necesidad de abordar de manera integral la problemática, incluyendo intervenciones sociales y económicas que complementen la vía judicial.