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Turismo 23 de Agosto de 2026 · 10:39h 2 min de lectura

Bellido aboga por debatir a nivel nacional la tasa turística y no imponerla en Andalucía

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, ha expresado que la tasa turística no debería aplicarse de forma generalizada en todos los municipios, sino que requiere un debate a nivel estatal. Actualmente, la legislación permite a los ayuntamientos decidir sobre esta figura, que sería potestativa y no obligatoria, dependiendo de las características de cada municipio.

Este pronunciamiento se produce en un contexto donde el sector turístico en Andalucía, especialmente en ciudades como Córdoba, enfrenta desafíos en su sostenibilidad y financiación. Bellido sugiere que, más allá de la tasa, existen otras fórmulas para financiar los costes adicionales del turismo, como fondos específicos de la Junta o mecanismos en la Ley de Haciendas Locales.

El debate se centra en si la creación de una tasa turística puede ser útil para equilibrar los beneficios y gastos del turismo, o si, por el contrario, puede afectar la competitividad del destino. La decisión, según Bellido, debe basarse en datos reales y en un análisis de sostenibilidad, no en decisiones unilaterales o demagógicas.

Desde una perspectiva política, la propuesta refleja la necesidad de un marco regulador más flexible y coordinado entre las administraciones. La ley estatal de Haciendas Locales establece los límites y posibilidades, pero la discusión sobre la mejor fórmula sigue abierta en el ámbito nacional. La creación de fondos específicos y la regulación del uso de viviendas turísticas forman parte del debate en curso.

El Observatorio de Sostenibilidad Turística, impulsado en Andalucía, se presenta como una herramienta clave para tomar decisiones informadas. La tendencia actual apunta a una gestión más regulada, que permita compatibilizar la actividad turística con la calidad de vida y la protección del patrimonio. El futuro del sector dependerá de la capacidad de las administraciones para coordinar estas medidas y de una regulación que refleje la realidad del mercado.

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