El Gobierno andaluz anticipa su reunión semanal para definir ayudas a localidades tras las tormentas.
SEVILLA, 29 de marzo. - En un importante giro organizativo, el Consejo de Gobierno de Andalucía ha decidido trasladar su reunión habitual de los miércoles al día de hoy, 30 de marzo. En esta sesión, se discutirán varios temas clave, entre los cuales destacan las ayudas económicas dirigidas a los municipios que han sufrido las consecuencias del reciente 'tren de borrascas'.
El ejecutivo andaluz tiene la intención de formalizar un acuerdo que especifique las cantidades máximas de asistencia financiera que se otorgarán a cada municipio y entidad local autónoma. Esta iniciativa surge en respuesta a la situación de emergencia declarada por un acuerdo previo del 18 de febrero de 2026, en virtud de las severas tormentas que afectaron a la comunidad desde el 23 de enero hasta el 16 de febrero del mismo año.
Según el orden del día consultado por Europa Press, este Lunes Santo también se abordarán otros tópicos relevantes, tales como la oferta de Formación Profesional para el próximo curso escolar 2026-2027 y la participación de la Junta de Andalucía en diversas comisiones de la Unión Europea durante el periodo 2026-2029.
Asimismo, el Ejecutivo andaluz prevé asignar a la Unidad Aceleradora de Proyectos un nuevo programa, el cual corresponde al establecimiento de un centro de reparación de motores para Ryanair en Sevilla, gestionado por la empresa Negocios Raiseber, S.L. También tendrá un papel importante la revisión de las actuaciones específicas relacionadas con las instalaciones mineras 'Los Frailes' y 'Cobre las Cruces' en Sevilla, en cumplimiento del Décreto 15/2026, que impulsa la minería sostenible.
Finalmente, entre otros acuerdos, se establecerán prórrogas para los procedimientos administrativos manejados por la administración de la Junta. Adicionalmente, se autorizará el acuerdo entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y la Diputación Provincial de Málaga, destinado a la construcción y puesta en marcha de una nueva sede para el partido judicial de Torremolinos. Este proyecto contempla un gasto total superior a los 10 millones de euros, IVA incluido.