El Gobierno denuncia la cesión de unidades de valoración de violencia de género a Vox en Andalucía

El Ejecutivo central ha criticado la transferencia de competencias en unidades de valoración forense a Vox en Andalucía. Desde el Ministerio de Igualdad, se considera un "sinsentido" y una "incoherencia" que un partido negacionista controle estos dispositivos esenciales para evaluar el riesgo de violencia de género. La gestión de estas unidades, financiadas con fondos del Pacto de Estado, ha sido motivo de preocupación en el contexto de la lucha contra la violencia machista en la región.

Este asunto se enmarca en un escenario político donde la Junta de Andalucía, liderada por Juanma Moreno, mantiene una postura de control sobre las competencias en materia de igualdad y protección de víctimas. La falta de respuesta a las solicitudes de reunión del Ministerio refleja la tensión entre las administraciones por la gestión de estos recursos. La ministra Ana Redondo ha subrayado la importancia de reforzar la cooperación para garantizar la protección efectiva de las víctimas.

Las unidades de valoración forense son un eslabón clave en la cadena de protección, encargadas de determinar el riesgo en casos de violencia de género. La presencia de estas unidades en manos de un partido con postura negacionista puede debilitar la estrategia de protección y reforzar la percepción de una gestión fragmentada en Andalucía. La situación genera inquietud entre las instituciones y organizaciones que trabajan en la protección de las víctimas.

Desde el Gobierno central se ha reiterado la disposición a colaborar y ofrecer apoyo financiero para mantener y reforzar estos dispositivos. La polémica refleja también las tensiones políticas que atraviesan la región, donde la gestión de la violencia machista se convierte en un campo de confrontación entre diferentes niveles de administración y formaciones políticas. La situación pone en evidencia la necesidad de una coordinación efectiva y de recursos estables.

De cara al futuro, la atención se centrará en la búsqueda de consensos que permitan fortalecer la red de protección en Andalucía. La experiencia internacional y las recomendaciones de organismos especializados señalan la importancia de mantener estos dispositivos en manos de instituciones comprometidas con la lucha contra la violencia de género. La colaboración entre administraciones será clave para garantizar la seguridad y la vida de las víctimas.

El debate en torno a la gestión de unidades de valoración en Andalucía refleja la complejidad política y social de afrontar la violencia machista en tiempos de polarización. La comunidad autónoma se enfrentará próximamente a decisiones que podrían marcar el rumbo en la protección de las víctimas y en la percepción pública de la eficacia institucional en esta materia.