Gavira denuncia que el Gobierno no aplica acuerdo para devolver menores a Marruecos

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha señalado que el Gobierno central se niega a poner en marcha un acuerdo firmado con Marruecos para facilitar el retorno de menores no acompañados en Ceuta. La negativa contrasta con el compromiso oficial de devolver a estos menores a sus familias en Marruecos mediante un proceso coordinado.

Este acuerdo, firmado en 2007, busca garantizar la repatriación asistida y la protección social de los menores. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha avanzado en su implementación, según Gavira, quien cuestiona las motivaciones políticas detrás de esta decisión. La oposición de Vox en Andalucía refuerza la postura de rechazo al reparto de menores migrantes que mantiene el ejecutivo autonómico y su pacto con el Partido Popular.

La polémica tiene implicaciones políticas y sociales, pues refleja la tensión entre las políticas migratorias del Estado y las posiciones de los gobiernos regionales. La negativa a aplicar el acuerdo genera preocupación sobre los derechos de los menores y la gestión de la inmigración en la frontera de Ceuta. Además, pone en evidencia la dificultad de coordinar acciones en materia de migración dentro del marco institucional actual.

Desde una perspectiva política, la oposición de Vox y la Junta de Andalucía responde a un discurso de rechazo al aumento de inmigrantes y a la percepción de inseguridad. La propuesta de Vox en el Congreso busca paralizar los traslados, reforzando su línea dura en política migratoria. La posición del Gobierno central, en cambio, sostiene que los mecanismos existentes deben respetarse y aplicarse para garantizar los derechos de los menores.

El contexto más amplio indica que esta disputa refleja las tensiones en la política migratoria española, donde los intereses políticos y las cuestiones humanitarias se cruzan. La futura aplicación del acuerdo dependerá de decisiones políticas y de una posible revisión del marco legal y de cooperación con Marruecos. La cuestión puede seguir siendo un asunto de controversia en el escenario político nacional y autonómico.