Hasta 45.000 piscinas comunitarias en Andalucía deben adaptarse a nueva normativa sanitaria

Unos 10.000 a 30.000 complejos residenciales en Andalucía tendrán que cumplir con la normativa de certificación profesional para mantenimiento de piscinas antes de 2027. La regulación afecta a comunidades en Málaga, Cádiz, Almería, Sevilla y la costa de Granada, donde se estima que entre el 60% y 75% de las piscinas de uso comunitario deberán ajustarse a los requisitos del Decreto 485/2019. La medida busca garantizar la seguridad sanitaria en un contexto de alta concentración de piscinas residenciales en la región.

El marco legal, impulsado por la Junta de Andalucía, marca un cambio en la gestión de estos espacios, trasladando la responsabilidad al propio comunidad y sus profesionales. La normativa regula aspectos técnicos y sanitarios, como la calidad del agua y el manejo de productos químicos, con sanciones que pueden superar los 600.000 euros en casos graves.

Este proceso de adaptación puede suponer importantes costes y cambios en las estructuras de mantenimiento, especialmente para comunidades que externalizan estos servicios. La figura del Administrador de Fincas colegiado se vuelve clave para coordinar las acciones necesarias y reducir riesgos legales y sanitarios.

Desde el ámbito político, esta regulación responde a la prioridad de reforzar la protección de la salud pública en un contexto de aumento del uso de piscinas residenciales, en línea con las políticas de control sanitario impulsadas por las administraciones autonómicas. La normativa se enmarca en esfuerzos por fortalecer la inspección y la responsabilidad en instalaciones de alto riesgo.

De cara al futuro, la implantación efectiva de estas medidas requerirá una supervisión constante y una mayor profesionalización del sector. La gestión correcta de las piscinas será esencial para evitar incidentes y garantizar el bienestar de los usuarios, en un escenario donde la demanda de espacios de ocio en viviendas crece rápidamente.