IU exige activar regulación del aceite ante crisis en el sector olivarero

El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, reclama al Ministerio de Agricultura que ponga en marcha el mecanismo de regulación de la oferta para la campaña 2026-2027 del aceite de oliva. La petición surge en un contexto donde los agricultores enfrentan precios por debajo de los costes de producción, poniendo en riesgo la viabilidad económica de miles de familias en el mundo rural andaluz. La crisis afecta directamente a la estabilidad del sector y a la preservación del empleo en el campo. La situación del mercado del aceite de oliva ha evidenciado desequilibrios que perjudican a los productores, quienes ven cómo las grandes distribuidoras concentran beneficios en la cadena alimentaria. La falta de intervención gubernamental agrava esta problemática, que tiene repercusiones no solo para agricultores sino también para el abastecimiento y los precios al consumidor. Desde el ámbito político, la crisis refleja tensiones en la gestión de la política agrícola comunitaria y nacional. La Unión Europea y el Gobierno central enfrentan presiones para implementar medidas que regulen la oferta y estabilicen los precios, en un contexto donde la negociación de la política agrícola común (PAC) aún no ha abordado con suficiente contundencia estos desequilibrios. La propuesta de IU contempla activar mecanismos de regulación que puedan evitar caídas excesivas de precios en las cosechas malas y evitar aumentos desmedidos en periodos de escasez. La iniciativa busca equilibrar la distribución del valor en la cadena y proteger a los agricultores sin encarecer el producto final para los consumidores. Este escenario abre un debate sobre la sostenibilidad del modelo agrícola en Andalucía y la necesidad de políticas públicas que fortalezcan el sector en un contexto de incertidumbre global, cambios climáticos y mercado internacional. La activación de mecanismos regulatorios puede ser un paso hacia una gestión más justa y estable del mercado del aceite. De cara al futuro, la articulación de medidas de regulación será clave para reducir la vulnerabilidad del sector olivarero y garantizar el bienestar de las comunidades rurales. La decisión del Ministerio de Agricultura será determinante para marcar la dirección de la política agrícola en los próximos años y responder a las demandas de un sector estratégico para Andalucía.